Un tribunal de Países Bajos ha ordenado al Gobierno recortar en un 50 por ciento las emisiones de nitrógeno para proteger a las zonas más vulnerables al cambio climático, bajo la amenaza de una potencial multa de 10 millones de euros si no alcanza el citado objetivo en el año 2030.
El tribunal de La Haya ha dado la razón a la organización ecologista Greenpeace, que alertaba del perjuicio para la naturaleza de unas emisiones derivadas principalmente de la ganadería, si bien las partes aún pueden recurrir la sentencia dictada este miércoles.
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El juez Jerzy Luiten ha lamentado la cancelación de las medidas específicas adoptadas por la anterior coalición y la ausencia de "una alternativa funcional" por parte del actual Ejecutivo, liderado por la ultraderecha y del que forma parte también el partido Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB).
La ministra de Agricultura de Países Bajos, Femke Marije Wiersma, miembro precisamente del BBB, ha admitido en un primer comunicado que no era el fallo que "esperaba" y ha prometido estudiarlo a fondo antes de valorar una respuesta en firme, también el posible recurso.
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El Gobierno se toma "muy en serio" esta problemática, pero al mismo tiempo llama a tener en cuenta el "amplio impacto social" que puede acarrear los recortes de las emisiones. "No podemos pedir lo imposible a personas y empresas", ha dicho la ministra.
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