La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado este miércoles a Ecuador a investigar y juzgar a los responsables de la muerte de cuatro menores que fueron encontrados calcinados tras desaparecer durante una operación militar del Ejército en el barrio Las Malvinas (Quito).
"El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas", ha señalado el organismo en un comunicado.
La CIDH ha afirmado que los menores José Arroyo, de 14 años; Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron "víctimas de desaparición y asesinato". "Sus cadáveres fueron destruidos presuntamente con el fin de eliminar evidencias y buscar impunidad en el caso", ha sentenciado.
"La CIDH subraya la importancia de que el Estado redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares", ha reiterado.
Asimismo, ha instado a las autoridades a que "todas las políticas de seguridad interna tengan un enfoque de Derechos Humanos que incluya priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes" frente a la "violencia institucional, estructural y el perfilamiento racial".
"No escapa de la atención de la CIDH el hecho de que este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional", ha apuntado.
SOBRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
A principios de enero el Ministerio de Defensa apeló una sentencia de hábeas corpus en la que se instaba a investigar la desaparición y asesinato de los menores como un delito de desaparición forzada en virtud del artículo 84 del Código Penal.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, acusó a la jueza de llevar a cabo una "persecución política" al haber llamado a declarar a "autoridades con claros fines políticos" después de que la Justicia ecuatoriana dictara prisión preventiva para 16 militares presuntamente implicados en el caso.
"La CIDH reconoce la decisión de la jueza que concedió el hábeas corpus como una medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos, razón por la cual expresa su preocupación por las declaraciones del Ministerio de Defensa, que pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de Derechos Humanos en el país en un contexto de clamor social de justicia y no repetición de los hechos", reza el comunicado.
El martes 19 de diciembre, se encontraron cuatro cadáveres calcinados que correspondían a los menores cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil. Los adolescentes, que desaparecieron tras un partido de fútbol, fueron detenidos por militares y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas.
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