Lima, 21 ene (EFE).- La ciudad de Trujillo, la tercera en importancia de Perú, amaneció este martes en calma y con poca presencia de las fuerzas de seguridad, luego de que el Gobierno anunciara que iba a quedar bajo el control de la Policía y las Fuerzas Armadas tras el atentado perpetrado el lunes contra una sede de la Fiscalía.
Después del último ataque que han perpetrado las bandas criminales que han sumergido a esa ciudad de Perú en una ola de violencia, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, aseguró que su localidad "desde hace años viene teniendo estado de emergencia" por la inseguridad.
"Las medidas que dan el Ejecutivo, o el Legislativo son insuficientes", comentó Reyna a la emisora RPP antes de decir que las autoridades regionales y municipales "están prácticamente solas, porque el Gobierno es quien maneja a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas".
El alcalde explicó que su localidad es afectada por "la minería informal, que lava cantidad de dinero en la ciudad de Trujillo", así como por el narcotráfico que, según dijo, usa a su localidad para mover "grandes cantidades de droga sin control alguno".
"Estos mismos fenómenos desencadenan extorsiones, sicariato, prostitución y toda una lista de delitos que de igual forma, presumo yo, van a llegar a la ciudad de Lima", enfatizó.
Medios locales informaron que durante las primeras horas de este martes se registró poca presencia de las fuerzas de seguridad en Trujillo, donde incluso solo se reportó una patrulla policial en los exteriores de la sede fiscal que fue atacada el lunes con un explosivo.
Tras ese atentado, el Gobierno anunció que desde este martes las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) iban a tomar el control de Trujillo "con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía".
El Ejecutivo condenó el ataque que dejó a dos personas heridas, serios daños materiales y que, según el Ministerio del Interior, fue "una respuesta criminal" ante la lucha que han emprendido las autoridades contra las "redes delictivas nacionales y trasnacionales".
El Gobierno también aseguró que brindará seguridad a los jueces y fiscales que persiguen a sospechosos del crimen organizado en el norte del país, además de duplicar la presencia de militares en Trujillo.
El lunes, la fiscal general peruana, Delia Espinoza, atribuyó el atentado contra la sede del Ministerio Público a la minería ilegal y otras actividades ilícitas que son investigadas por una fiscal de Trujillo amenazada por organizaciones criminales.
Por su parte, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, informó que el presunto responsable intelectual del atentado y las amenazas a una fiscal es el cabecilla de una banda criminal que estaba preso en el penal de la ciudad de Cajamarca por extorsión y secuestro.
El jefe policial dijo que las fuerzas de seguridad encontraron un celular y otros equipos electrónicos en una requisa que hicieron en la celda de esta persona que, según adelantó, será trasladada al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a 5.000 metros de altura, en una zona remota de los Andes del sur peruano, entre las regiones de Tacna y Puno. EFE
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