Dakar, 10 ene (EFE).- La junta que gobierna Guinea-Conakri desde el golpe de Estado de septiembre de 2021 ordenó que todos los partidos políticos no autorizados dejen de operar y regularicen su situación, mientras crece la represión en el país contra las voces opositoras.
En un comunicado leído a última hora de este jueves en la televisión guineana y recogido este viernes por medios locales, el ministro de Administración del Territorio y de Descentralización, Ibrahima Khalil Condé, rechazó la "proliferación de movimientos políticos sin autorización administrativa previa".
"En consecuencia, se pide a todos estos movimientos políticos que cesen inmediatamente sus actividades y presenten una solicitud de autorización administrativa a nuestro Ministerio para su existencia legal", añadió el comunicado.
Las autoridades guineanas emitieron este mensaje después de ordenar el pasado octubre la disolución de 53 partidos políticos, al argumentar que no había transparencia sobre sus fuentes de financiación.
Entonces, el Ministerio de Administración del Territorio y de Descentralización registró un total de 211 partidos en todo el país y, además de los 53 disueltos, suspendió las actividades de otros 54 y puso bajo observación a 67 formaciones durante tres meses.
Entre los partidos que están siendo monitorizados, destacan la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), del principal opositor Cellou Dalein Diallo, y la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG Arc-en-ciel), del expresidente Alpha Condé (2010-2021).
La represión de la disidencia no ha hecho más que crecer en los últimos meses en el país, donde un tribunal condenó este martes al líder opositor Aliou Bah a dos años de cárcel por "ofensa y difamación" contra el líder golpista guineano, general Mamadi Doumbouya, por haber criticado al Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD, nombre de la junta).
La condena se emitió después de que al menos una persona muriera el lunes durante las protestas convocadas por la oposición contra el Gobierno golpista, que fueron dispersadas en la capital, Conakri, por la policía con gases lacrimógenos y munición real.
El país está dirigido por la junta militar que encabeza el general Doumbouya desde el 5 de septiembre de 2021.
Ese día, miembros del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército derrocaron al entonces presidente, Alpha Condé, que gobernaba desde 2010 tras optar en octubre de 2020 a un polémico tercer mandato, no permitido por la Constitución guineana.
El general argumentó entonces que el golpe buscaba crear las condiciones para un Estado de derecho.
Tras meses de divergencias, en octubre de 2022 la junta militar acordó con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) una transición de dos años antes de devolver el poder a un Gobierno civil, pero ese plazo no se cumplió.
En su discurso de Año Nuevo el pasado 31 de diciembre, Doumbouya prometió que 2025 sería "un año electoral crucial para completar el retorno al orden constitucional", pero no dio detalles ni fechas concretas.
Guinea-Conakri es uno de los países más pobres del mundo, pero posee un importante potencial minero, hidráulico y agrícola.
Sus reservas de bauxita -materia prima para producir aluminio- se encuentran entre las más importantes del planeta. EFE
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