El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur ha exigido justicia y ha instado al Gobierno de Ecuador a que investigue el caso de los cuatro menores encontrados calcinados la pasada semana tras desaparecer durante una operación militar del Ejército en el barrio Las Malvinas (Quito) y enjuice a los responsables.
"La investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando. Al mismo tiempo, se debe evitar en todo momento la revictimización de las familias", ha expresado en un comunicado el representante de ACNUDH en América del Sur, Jan Jarab.
La ONU ha expresado su "consternación" por la identificación de los cuerpos de los menores y ha condenado enfáticamente los hechos. De esta forma, Jarab ha subrayado que "este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país".
Así, la Oficina ha insistido en que la desaparición forzada debe ser investigada, sancionada y perseguida con celeridad, subrayando que el delito no se extingue con el hallazgo de los cuerpos.
Asimismo, ha solicitado una investigación independiente y que el Gobierno implemente medidas para evitar la repetición de estos hechos.
El martes 19 de diciembre, se encontraron cuatro cadáveres calcinados cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil. La Fiscalía ha informado en un comunicado de que, en base a los resultados forenses, los restos se corresponden con los cuerpos de los cuatro menores desaparecidos.
La Justicia ecuatoriana ha dictado prisión preventiva para los 16 militares por presunta desaparición forzada en virtud del artículo 84 del Código Penal. La Fiscalía ha contado con testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, así como evidencias físicas como los teléfonos de los procesados.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador (CDH) lamentó la muerte tanto de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, como de sus amigos, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de 15 y 11 años, respectivamente, quienes fueron detenidos "arbitrariamente" por los militares.
El caso ha vuelto a poner en cuestión la militarización del Estado por parte de el presidente Daniel Noboa, quien decretó el estado de conflicto armado interno en enero de 2024 para combatir al crimen organizado. Desde entonces, el Ejército se ha visto involucrado en al menos diez desapariciones.
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