Sumar pide al Gobierno que las aguas minerales y termales se gestionen con la legislación de aguas y no de Minas

Sumar ha pedido al Gobierno, a través de una Proposición No de Ley (PNL) a la que ha tenido acceso Europa Press, que efectúe los cambios normativos necesarios para suprimir de la Ley 22/1973 de Minas toda la regulación en lo referente a la gestión de las aguas minerales y termales.

De este modo, el Grupo Parlamentario quiere que el Ejecutivo la remita a la legislación de aguas, siguiendo los criterios establecidos en la Directiva marco del agua y la cual se adapta a la nueva realidad de emergencia climática.

A lo largo de la PNL, registrada por la diputada Júlia Boada Danés y la portavoz adjunta de la formación, Aina Vidal Sáez, han incidido en que el núcleo de la regulación del agua mineral recae en la Ley de Minas. Tal y como han explicado, esta ley respondía a la necesidad del II Plan de Desarrollo Económico y Social que tenía como finalidad primordial "la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre".

En su artículo 83, esta norma regula las autorizaciones de aprovechamiento de estos recursos y autoriza la explotación de estos hasta el agotamiento. Por su parte, el Grupo Parlamentario ha descrito la ley como "anacrónica y preconstitucional" y ha recordado que el agua "es un servicio básico y público, así como también un derecho humano". Por ello, ha concluido con que su gestión tiene que estar al margen de las leyes del mercado.

A su vez, ha incidido en la importancia de que todos los recursos hídricos de España estén gestionados de la mejor manera posible en un contexto en el que el agua es "un bien sometido a una creciente presión". En este sentido, también ha insistido en que estén gestionados bajo una legislación que unifique las actuaciones en materia de gestión del agua promoviendo la participación y el control social en una gestión transparente.

"La actual regulación supone una fragmentación del régimen jurídico de las aguas que choca con el principio de integración del marco jurídico de la política de aguas establecido en el artículo 1 de la Directiva marco del agua", ha añadido.