Guayaquil (Ecuador), 27 dic (EFE).- Los padres y madres de los cuatro niños que desaparecieron el pasado 8 de diciembre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, tras ser aprehendidos por una patrulla militar, entrarán al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Ecuador, según confirmó a EFE uno de sus abogados.
Este viernes, los familiares llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público en Guayaquil para rendir versiones ampliadas en el caso que se sigue en contra de 16 militares, a quienes el próximo martes se les formularán cargos por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos.
Según Abraham Aguirre, abogado del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que acompaña a las familias, este ingreso es importante porque "va a garantizar que no exista ningún acto de revictimización ni tampoco de persecución por parte de personas allegadas o inclusive de los mismos militares investigados" hacia los padres.
Por medio de este sistema, la Fiscalía podrá hacer un monitoreo y acompañamiento a los familiares mientras dure el proceso de investigación.
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circulan en redes sociales, se observa cómo hombres vestidos con prendas militares detienen a los menores cerca de un centro comercial, los golpean y los embarcan en una camioneta.
Los uniformados, según las primeras versiones, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y en el camino los dejaron en libertad.
El pasado martes, una jueza determinó que esta desaparición debe ser investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado", tras aceptar un hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores, y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no se encubrirá "a nadie" en este caso y el Ministerio de Defensa anunció que los soldados estarían "bajo custodia militar" hasta que se decida su futuro judicial, con el objetivo de evitar una fuga.
Los familiares también acudieron este viernes hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se encuentran cuatro cadáveres calcinados que fueron hallados el martes en una zona agreste de Taura, cerca de donde los militares dejaron a los niños, para realizarse exámenes de sangre para pruebas de ADN que permitan el cotejamiento con los restos.
Debido al estado de los cuerpos, no ha sido posible realizarles pruebas dactilares, por lo que los familiares también están a la espera de los resultados de unas pruebas antropológicas, que estarán listos el próximo lunes.
Si las pruebas realizadas no arrojan ningún resultado contundente, se procederá con el ADN, análisis que podría tardar unos 30 días. Aunque desde la CDH se explicó a EFE que el Ministerio del Interior ha ofrecido, en convenio con una universidad extranjera, tener los resultados en cinco días. EFE
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