Santiago de Chile, 26 dic (EFE).- El Gobierno chileno confirmó este jueves que el proyecto de ley de aborto sin causales fue postergado a 2025, una iniciativa legislativa que inicialmente iba a ser presentada a finales de 2024 y que es una de las grandes promesas del presidente Gabriel Boric.
En entrevista con la radio local Cooperativa, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que el retraso en la presentación de la ley "tiene un motivo técnico y otro político" y arremetió contra el Arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Chomalí, quien el miércoles calificó como "un regalo" la postergación del proyecto de ley.
"Las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia", indicó Orellana, quien también reconoció que el Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento y hay pocas posibilidades de que el proyecto se apruebe.
"Cuando se trata de derechos de las mujeres, lamentablemente nunca tenemos una mayoría inicial. Lo que se requiere es conversación", agregó la ministra.
También abordó el aplazamiento en la postergación de la ley el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien dijo en el canal Emol TV que "el compromiso de la Administración Boric continúa vigente y que el proyecto será presentado el próximo año".
“Lo más relevante es que podamos tener un debate con altura de miras, en un marco de respeto mutuo en una sociedad democrática como es la sociedad chilena”, añadió Elizalde, que se encarga de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento.
En su tercera rendición de cuentas ante del Parlamento el pasado 1 de junio Boric anunció la presentación a finales de año de un proyecto de ley de plazos y del ingreso de un nuevo reglamento para regular la objeción de conciencia en la ley actual, vigente desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo para la gestante, inviabilidad fetal o violación.
Según Orellana, la tramitación de este reglamento, que sigue estancado en Contraloría desde mayo, se debe a la "gran cantidad de escritos en su contra, por ejemplo, del Arzobispado de la Iglesia chilena".
"A siete años de aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que recibir en Santiago a niñas violadas, con embarazos avanzados y al borde de las semanas porque el sistema sanitario con el reglamento actual no logra atenderlas en su región de origen (...) Una vez solucionado esto, vamos a ingresar el proyecto", detalló.
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