Tribunales militares de Pakistán han condenado este sábado a 25 civiles detenidos durante las protestas de mayo del año pasado a favor de la excarcelación del ex primer ministro y gran líder opositor del país, Imran Jan, tras un proceso judicial cuestionado sobre las competencias del Ejército para juzgar a la población civil.
El Tribunal Supremo del país acabó otorgando a las cortes militares la posibilidad de juzgar a estos civiles -- condenados finalmente a entre dos y diez años de cárcel -- al representar una amenaza a la seguridad del Ejército por protagonizar concentraciones ante varios sitios militares estratégicos como el Cuartel General de Rawalpindi y la Base Mianwali de la Fuerza Aérea de Pakistán (PAF) durante la ola nacional de protestas a favor del encarcelado exmandatario.
Las protestas acabaron con al menos una decena de muertos y cientos de heridos en enfrentamientos contra la Policía, en un episodio más de la crisis política que atraviesa el país de unos años a esta parte, donde el ex primer ministro Jan se encuentra encarcelado por casos de corrupción que el antiguo mandatario achaca a una conspiración orquestada por la familia Sharif, ahora mismo en el poder, con el apoyo de Estados Unidos.
El Ejército ha celebrado la sentencia pero ha querido puntualizar que "todos los condenados conservan el derecho de apelación y otros recursos legales, tal como lo garantizan la ley y la Constitución". No obstante, defiende que las condenas se han basado en "evidencias irrefutables" contra los acusados.
"Basándose en una narrativa sostenida de odio y mentiras, se llevaron a cabo ataques políticamente orquestados contra las instalaciones de las fuerzas armadas, incluida la profanación de los monumentos de Shuhada ", afirmó el Ejército.
El partido del ex primer ministro Jan, el Movimiento por la Justicia de Pakistán, ha condenado este sábado sin paliativos un procedimiento que ha sucedido de principio a fin "en violación del derecho internacional y de la Constitución de Pakistán", donde "coroneles y comandantes, en calidad de jueces, han condenado a civiles que fueron juzgados en tribunales militares".
El PTI ha denunciado que "estos civiles estuvieron detenidos durante más de un año en duras condiciones y muchos fueron torturados para que hicieran confesiones falsas", acusaciones formuladas previamente por el partido y desmentidas por los militares.
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