Lima, 19 dic (EFE).- Diversos congresistas peruanos de varios partidos políticos se mostraron indignados este jueves y pidieron investigar una supuesta de red de prostitución denunciada por medios locales, que presuntamente operaba en el Parlamento y cuyo presunto líder, investigado por la Fiscalía, era trabajador en la cámara.
Este miércoles, el Ministerio Público informó que abrió una investigación al extrabajador y exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas."
"Las imputaciones que se están haciendo son las más graves que he escuchado desde el punto de vista ético, moral y jurídico", indicó a la prensa la parlamentaria ultraconservadora y ex fiscal general Gladys Echaíz.
Añadió que el exjefe de la Oficina Legal del Congreso de Perú ya está siendo investigado y deseó que se aclare lo sucedido, pues, de ser cierta la denuncia, "sería gravísimo".
Por su parte, el expresidente del Congreso José Williams afirmó que este caso "le disgusta muchísimo", porque afecta la imagen del Legislativo y "se mete en un mismo saco a todos los congresistas".
"Tiene que hacerse una investigación muy exhaustiva en el Ministerio Público lo antes posible. Y también aquí (en el Congreso) tiene que hacerse una investigación disciplinaria-administrativa", sostuvo.
El caso saltó a la portada de los medios, tras la muerte de una abogada y extrabajadora del Congreso, identificada como Andrea Vidal, quien fue acribillada hace una semana en Lima por desconocidos cuando viajaba en un taxi, cuyo chófer falleció en el acto.
Según una investigación del programa televisivo 'Beto a saber', del canal Willax, Vidal está relacionada con el caso.
Al respecto, la parlamentaria conservadora Norma Yarrow pidió que no metan "a todo el Parlamento en esta barbaridad que ha sucedido.
El también expresidente del Congreso Alejandro Soto emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que aseguró que "la bancada de (el partido conservador Alianza para el Progreso) APP rechaza contundentemente y categóricamente estas afirmaciones".
También exigió a las autoridades efectuar una investigación exhaustiva y profunda a fin de determinar responsabilidades, y que, mientras tanto, los medios de comunicación y al pueblo no se dejen sorprender por especulaciones.
Horas antes de estas reacciones, el propio Torres negó la denuncia presentada en su contra y aseguró que acudirá a rendir sus descargos ante la Fiscalía y la Comisión parlamentaria de Fiscalización.
Torres, abogado de profesión, dijo que asumió el cargo de jefe del área legal del Congreso en agosto del 2023, siendo Soto presidente del Parlamento, pero renunció en febrero del 2024, meses antes de que varias mujeres fueran contratadas en el Parlamento con la presunta intención de ofrecer supuestamente servicios sexuales, siempre según la denuncia periodística. EFE
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