Los Veintisiete han dado este lunes luz verde definitiva al acuerdo del pasado marzo con el que el Consejo y la Eurocámara acordaron introducir condiciones más estrictas para la exportación e importación de armas de fuego para evitar que dispositivos no autorizados lleguen a civiles europeos, al tiempo que se simplifican la burocracia para los fabricantes, vendedores y clientes de armas legales.
La Comisión Europea estima que hay más de 35 millones de armas de fuego ilegales en la Unión Europea, territorio en donde unas 630.000 armas figuran como robadas o extraviadas en el Sistema de Información Schengen, dispositivos a menudo utilizados por bandas criminales que aprovechan los vacíos legales.
Los tipos de armas de fuego se definen en tres categorías: las de tipo 'A' generalmente están prohibidas, las de clase 'B' necesitarán una autorización, mientras que para poseer una de la categoría 'C' se deberá declarar su propiedad, pero no requiere autorización. Las nuevas reglas se aplicarán a las tres categorías salvo en el caso de armas destinadas a las fuerzas armadas, la Policía o autoridades públicas.
La reforma precisa que el reglamento no se aplicará a las exportaciones de armas de fuego de categoría 'A' ni a artículos relacionados como municiones o componentes, ni a las de tipo 'B' destinadas a Policía y otras fuerzas armadas.
Entre las novedades, figuran nuevas normas técnicas más estrictas para que las armas de alarma y señal -- diseñadas para disparar únicamente cartuchos de fogueo, pirotecnia o gases lacrimógenos-- no puedan ser transformados en armas "letales", así como crear un listado de aquellas "no convertibles".
También se actúa contra los componentes de armas de fuego semiacabadas para que sólo puedan ser importadas por vendedores con licencia y tratar de reducir así la presencia de armas "fantasma" que llegan a la Unión Europea sin que consten en ningún registro.
Además, las armas de fuego consideradas más peligrosas deberán tener un certificado que atestigüe que el comprador es el destinatario final y no tiene intención de transferirlo a un tercero.
Los Estados miembro podrán mantener sus sistemas nacionales electrónicos de autorización existentes siempre y cuando estén interconectados con el sistema de concesión de licencias electrónicas creado para digitalizar los procedimientos de concesión de licencias.
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