Bruselas, 7 nov (EFE).- El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) señaló, en un informe publicado este jueves, que las instituciones de la Unión Europea tienen dificultades para atraer y contratar personal joven y de ciertas nacionalidades, entre ellas de España, y le aconsejó que reduzca la temporalidad.
Los problemas para contratar perfiles jóvenes deriva en un envejecimiento de las plantillas de las instituciones europeas, manifestaron los auditores de este tribunal con sede en Luxemburgo.
Para sortear este problema, los autores del informe recomendaron que la función pública europea intensifique esfuerzos para contar con personal "más diverso" y que reduzca la alta temporalidad.
Para estudiar los desequilibrios geográficos en la función pública de la UE el informe analizó los Estados miembros con una proporción de personal inferior al índice guía usando datos del Parlamento, el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia.
Los Estados miembros que tienen una proporción de personal inferior al índice guía son Alemania, Países Bajos, Austria, Polonia, Suecia, Chequia, Dinamarca, Francia y España.
Por contra, entre los países que superan este índice guía destacan Bélgica, Malta, Estonia, Eslovenia, Grecia o Lituania, entre otros.
Además de los desequilibrios en cuanto a nacionalidades, los auditores apuntaron además una dependencia del personal temporal en algunos ámbitos de actuación, lo que advirtieron que puede "poner en peligro la continuidad de las actividades".
Según el informe, aunque el número de tareas realizadas por las instituciones de la UE ha crecido, no lo ha hecho de la misma forma el número de puestos de plantilla, lo que ha obligado a una dependencia de contratos de una duración determinada que ocasiona "perturbaciones del servicio cuando expiran dichos contratos".
Respecto a la gestión de los efectivos de las instituciones, los auditores constatan que "rara vez" se utilizan los procedimientos formales para abordar los casos de bajo rendimiento o incompetencia.
Tras estas conclusiones, el tribunal recomienda a las instituciones establecer una política basada en planes específicos para hacer más atractivos los puestos y continuar con el desarrollo de su marco de carrera profesional y rendimiento.
La auditoría se realizó, según el Tribunal, con el objetivo de evaluar si el marco de empleo de la UE ofrece a las instituciones la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de contratación y mejorar la gestión de sus efectivos. EFE
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