Un comité de expertos de la ONU ha afirmado este miércoles que la política de esterilización forzosa impulsada por el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori durante los años 90 constituyó una forma de violencia "basada en el sexo y la discriminación interseccional", que podría constituir un crimen de lesa humanidad.
En lo que supone un fallo histórico, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha concluido que las víctimas han descrito "un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o el personal capacitado".
El comité ha revisado una denuncia conjunta presentada por cinco víctimas que fueron sometidas a esta práctica ente 1996 y 1997 como parte de la política de control de natalidad dirigida por el Estado peruano. Así, ha denunciado que constituye una violación de los derechos de las mujeres que se cebó especialmente con mujeres económicamente desfavorecidas.
Leticia Bonifaz, miembro del comité, ha indicado que "los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español o no eran capaces de comprender completamente la naturaleza del procedimiento".
En este sentido, ha relatado cómo una de las víctimas fue detenida en la calle por varios médicos en octubre de 1996 y llevada posteriormente junto a otras mujeres al centro médico de La Unión, situado aproximadamente a dos horas andando de su pueblo.
Aunque declaró ser analfabeta y no firmó nada, fue sedada y, al despertar, informada de que había sido esterilizada, por lo que posteriormente su marido la abandonó. Este relato se repite en numerosas ocasiones durante esos años, cuando miles de mujeres fueron sometidas a esterilizaciones que tuvieron consecuencias graves y permanentes en su salud física y mental.
Si bien el Estado argumentó que el programa de esterilización formaba parte de una política más amplia de salud reproductiva y que los procedimientos se realizaron tanto en hombres como en mujeres, el comité estima que fueron 300.000 las mujeres sometidas a este procedimiento frente a los 25.000 hombres que se vieron afectados.
ATAQUE SISTEMÁTICO CONTRA LAS MUJERES
Por ello, señala que fue una "forma de violencia basada en el sexo contra las mujeres, dado que las esterilizaciones masculinas y femeninas difieren sustancialmente en la naturaleza de la intervención y los riesgos quirúrgicos asociados".
"Las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo como parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales de origen campesino o indígena, y la política resultó en la anulación y sustitución de su autonomía reproductiva", ha manifestado Bonifaz.
Asimismo, el texto indica que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas y ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno para que "acelere y amplíe sus investigaciones y proporcione una indemnización" a las víctimas.
El comité asegura que la esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma y ha expresado su preocupación por la ley promulgada por el Estado de Perú que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
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