Aanya Wipulasena
Colombo, 27 oct (EFE)- La llegada al poder del recién electo presidente de Sri Lanka, el marxista Anura Kumara Dissanayake, con la promesa de sacudir el Estado, revivió la esperanza de familiares de miles de desaparecidos durante la guerra civil de país insular.
Sri Lanka tiene una historia trágica de desapariciones forzadas, con estimaciones que van desde 60.000 a 100.000 casos desde la década de 1980. La guerra civil y varias insurgencias han contribuido a esta sombría estadística.
La 34ª Conmemoración Anual de los Desaparecidos, celebrada este domingo cerca del Monumento a los Desaparecidos en Seeduwa, estuvo marcada por el optimismo y renovados llamamientos a la justicia.
El evento se celebró cerca del Monumento a los Desaparecidos en Seeduwa, a unos 30 km de Colombo, donde dos hombres fueron asesinados y quemados en 1989.
Muchas de las personas que acudieron a la manifestación perdieron familiares que formaban parte del Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), un partido político de izquierda que luego formó el Poder Popular Nacional (NPP) de Dissanayake..
“Estamos felices de que el hermano Anura sea el presidente ahora. Hoy sentimos que algunos de nuestros pueblos están en el poder”, dijo a EFE Ashila Dandeniya, de 43 años. Su tío Ranjith Herath fue uno de los dos hombres que fueron asesinados en Seeduwa en 1989.
Dissanayake, que era miembro del JVP antes de que se formara el NPP, ganó las elecciones presidenciales de Sri Lanka el 21 de septiembre.
Amnistía Internacional estima que hay entre 60.000 y 100.000 casos de desapariciones forzadas en la nación insular desde la década de 1980. Esto incluye las insurgencias del JVP y la guerra civil que duró casi tres décadas entre el gobierno y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil.
La nación insular tiene una de las tasas de desapariciones forzadas más altas del mundo, según un informe de Human Rights Watch.
“Cientos de madres, esposas y otras personas han fallecido sin saber qué les pasó a sus seres queridos, y muchas más tienen miedo de no vivir suficiente para ver que se haga justicia”, afirmó Meenakshi Ganguly, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch, en el informe.
Según el activista de derechos humanos Ruki Fernando, Sri Lanka se encuentra en una coyuntura de momentos interesantes.
“Por primera vez, tenemos un presidente del JVP. Hay una oportunidad para que el JVP aborde los problemas que enfrentan las familias de los desaparecidos, tanto cingaleses como tamiles”, dijo.
Para Nadesan Chindamani, de 63 años, la esperanza está perdida. Tomó un autobús a las tres de la mañana desde Matale, en la provincia central, para estar en la conmemoración. Su esposo fue secuestrado por miembros del JVP a fines de la década de 1980 cuando tenía 35 años.
“Esperábamos a que volviera a casa. No volvió esa noche ni al día siguiente. Nos quejamos a la policía. Pensé que algún día volvería con nosotros”, relató a EFE Chindamani.
Chindamani estaba acompañada por familiares de otras cinco personas que también fueron secuestradas de su aldea por el JVP.
El hijo de Chindamani tiene ahora 33 años, más o menos la misma edad que tenía su esposo cuando desapareció. Ella crió a su hijo sola mientras buscaba a su marido.
Ahora solo espera que el gobierno les ayude económicamente. “No podemos esperar nada más”, concluyó. EFE
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