La Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha acusado a las autoridades de Mongolia de "no cooperar" en la detención y entrega del presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovechando su visita a la capital mongola, Ulán Bator, a comienzos del pasado mes de septiembre.
"Al no detener al señor Putin mientras se encontraba en su territorio ni entregarlo a la Corte, Mongolia no ha atendido la solicitud de la Corte de cooperar a este respecto, en contra de lo dispuesto en el Estatuto de Roma, impidiendo así a la Corte ejercer sus funciones", ha señalado el órgano.
Así las cosas, y en vista de "la gravedad de la falta", el TPI ha señalado que considera necesario remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Parte, incidiendo en que la inmunidad de la que puedan gozar ciertas personas, incluidos jefes de Estado, "no es oponible ante el TPI y no se requiere ninguna renuncia".
"Los Estados parte y los que aceptan la jurisdicción de la Corte tienen la obligación de detener y entregar a las personas sujetas a órdenes del TPI, independientemente de su cargo oficial o nacionalidad", reza el documento publicado por el tribunal, que insiste en que se ocupa "de crímenes internacionales graves".
Finalmente, el TPI ha aludido al artículo 86 del Estatuto de Roma, que estipula que los Estados parte deben "cooperar plenamente" y ha subrayado que el órgano "desempeña funciones que se ajustan a los intereses generales de la comunidad internacional al ejercer su jurisdicción sobre los crímenes internacionales más graves".
El TPI emitió en marzo de 2023, poco más de un año después del inicio de la guerra en Ucrania, una orden de arresto contra Putin y su comisaria de los derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, por un supuesto crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas hacia territorio ruso.
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