Quito, 1 oct (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) finalizó este martes el trámite de la nueva Ley de Armas al aceptar parte del veto parcial impuesto por el presidente Daniel Noboa y al ratificarse en varios de los artículos originalmente aprobados por la cámara.
Algunos de los aspectos que se recogen en esta normativa son los requisitos para que la población civil pueda disponer y portar armas de fuego, que corrige algunas consideraciones del decreto ejecutivo emitido por el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) para facilitar el acceso de armas a la población como una medida contra el auge de la violencia de la criminal.
El Legislativo ecuatoriano aceptó la reformulación de veintidós artículos objetados por el jefe de Estado y rechazó los cambios introducidos por el mismo presidente en otros siete. De esta forma, la norma entrará en vigor cuando sea publicada en el Registro Oficial.
Entre los requisitos marcados para que un civil posea un arma tener al menos 25 años, contar con una certificación psicológica forense y análisis toxicológico avalados por el Ministerio de Salud; certificar destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa y no registrar antecedentes de violencia de género o contra miembros de núcleo familiar, entre otros puntos.
La Ley de Armas, Municipios, Explosivos y Materiales Relacionados fue aprobada el pasado 13 de agosto por el pleno de la Asamblea Nacional con 79 votos a favor, en segunda votación.
Durante el debate para su aprobación, el asambleísta ponente de la norma, Xavier Jurado, mencionó que “la lucha contra las armas ilegales que aterrorizan a Ecuador requiere una normativa que respalde a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su lucha contra ellas y permita generar políticas públicas de criminalística para separar aproximadamente 1,2 millones de armas ilegales de las calles”.
“Con esta normativa, Ecuador formará parte de organismos internacionales en materia de control de sustancias químicas, biológicas, así como municiones y armas de todo tipo, tal como las armas menos letales y eléctricas, sobre las que no existía regulación”, destacó Jurado, integrante de la agrupación oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Mientras, Lucía Posso, asambleísta de la formación Avanza, recordó que “el 84 % de los homicidios que se cometen actualmente en el país se realizan con armas de fuego, por lo que es crucial generar un contexto de control riguroso acorde a las nuevas dinámicas con las que opera el crimen organizado”.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones. EFE
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