Bruselas, 1 oct (EFE).- La Unión Europea registró en 2023 al menos 117.965 vuelos de "jets" privados a destinos vacacionales, que emitieron 526.071 toneladas de CO2, con especial afluencia en aeropuertos de Niza, Ginebra y Palma de Mallorca, según un estudio publicado este martes por la organización ecologista Greenpeace.
Esa organización reclama "la prohibición inmediata de los 'jets' privados y que los gobiernos consideren un impuesto a la riqueza para los multimillonarios en Europa, con el fin de financiar bienes públicos como viviendas asequibles y transporte público".
Los aeropuertos de salida más frecuentes para ese tipo de desplazamientos, según el análisis elaborado para Greenpeace por el centro de pensamiento T3 Transportation, son París, Londres o Milán y entre los destinos más populares figuran también otras localidades españolas como Ibiza o Málaga.
"Mientras las personas comunes afrontan los devastadores impactos de la crisis climática -inundaciones extremas, sequías, olas de calor e incendios forestales- los ultrarricos siguen abordando sus jets privados bajo el pretexto de viajes de negocios, pero a menudo para escapadas recreativas a los destinos vacacionales más lujosos de Europa", criticó la responsable de Greenpeace Clara Thompson.
El estudio, que abarca 45 aeropuertos, arroja que en los destinos vacacionales europeos, las llegadas de "jets" privados aumentaron "un 250 % en julio en comparación con enero, lo que indica que la mayoría de estos vuelos eran con fines recreativos".
En concreto, la mayoría de los vuelos de 'jets' privados "ocurrieron en el Mediterráneo durante el verano y se trasladaron a la región alpina en los meses más fríos", agregó la ONG, que precisó que el 93,2 % de estos vuelos fueron intra-europeos y el 11,9 % recorrió distancias inferiores a 251 kilómetros, que podrían haberse realizado "fácilmente mediante opciones más sostenibles como trenes o ferries".
Uno sólo de esos vuelos emite de media 4,46 toneladas de CO2, mientras que un ciudadano europeo es responsable de 5,37 toneladas al año, lo que a juicio de Greenpeace subraya "cómo los ultrarricos contribuyen de manera desproporcionada a la crisis climática".
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