La Comisión Europea ha reclamado explicaciones por escrito al Gobierno de Bulgaria tras la aprobación de la polémica ley que prohíbe la promoción, defensa o incitación de la "propaganda" LGTBI en el sistema educativo, una medida similar a la que hay ya en Rusia. En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz europeo de Justicia, Christian Wigand, ha confirmado que la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, mandó una carta la semana pasada al Ministerio de Educación búlgaro para que dé cuenta de la normativa. "Según la información que recibamos analizaremos si esta legislación cumple con la ley de la Unión Europea", ha indicado Wigand, sin querer entrar en más valoraciones hasta que Sofia responda a las dudas planteadas por el Ejecutivo europeo. Ahora Bulgaria tiene dos semanas para aclarar cuestiones de la controvertida ley. Eso sí, el portavoz comunitario ha reiterado el compromiso de la UE con abordar la discriminación y desigualdad contra las personas del colectivo LGTBI, como recoge la estrategia de 2020, que también incluye aspectos relativos a la educación. Aunque por el momento ha evitado el choque directo con las autoridades búlgaras, la Comisión Europea ha señalado su compromiso con la defensa y con combatir la discriminación de las personas de la comunidad LGTBI en Europa. Presentada por el partido ultraderechista Renacimiento, la normativa prohíbe la promoción, defensa o incitación de la "propaganda" LGTBI en el sistema educativo. En concreto el veto se refiere a "realizar propaganda, así como promover e incitar de cualquier forma, directa o indirectamente, ideas y puntos de vista relacionados con la orientación sexual no tradicional y/o la determinación de una identidad de género distinta de la biológica". La ley determina "orientación sexual no tradicional" como aquello "diferente de los conceptos generalmente aceptados e integrados en la tradición jurídica búlgara de atracción emocional, romántica, sexual o sensual entre personas de sexos opuestos", algo que ya ha generado las críticas de Naciones Unidas cuya Oficina de Derechos Humanos ha instado a Bulgaria a "reconsiderar" la legislación.
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