Víctimas de Colonia Dignidad denuncian opacidad y claman protagonismo para crear memorial

Villa Baviera (Chile), 12 jul (EFE).- Solo una de las diez fosas comunes escondidas en la antigua Colonia Dignidad –el asentamiento alemán del sur de Chile usado como centro de tortura durante la dictadura– ha sido encontrada hasta ahora, pero el inesperado anuncio del presidente Gabriel Boric de expropiar parte de sus terrenos ha atizado las demandas de verdad, justicia y reparación de los diferentes tipos de víctimas y sus familiares.

Tras un año y medio de clandestinidad, Luis Marchant, de 75 años, fue detenido en mayo de 1975 por la dictadura. Militante comunista y oriundo de la ciudad de Talca, unos 250 kilómetros al sur de la capital, fue amarrado, encapuchado y conducido, junto a otros, a la antigua Colonia Dignidad, hoy conocida como Villa Baviera.

Allí fue torturado durante 12 días, pero antes de ser trasladado, en un momento de emoción, unas lágrimas despegaron la cinta adhesiva de sus ojos y pudo identificar donde había permanecido encerrado.

“Empecé a grabarlo todo: el bus de color verde, las puertas, los perros, los uniformes, por dónde pasamos, dónde nos bajamos”, recordó a EFE el presidente de la Agrupación de expresas y presos políticos de Talca.

Todo lo que memorizó se lo contó al juez en 1976, después de ser liberado de distintos campamentos de prisioneros: “Fuimos los primeros denunciantes de lo que estaba sucediendo en Colonia Dignidad”.

Aquellos terribles hechos serán ahora rememorados “para que nunca más se repitan” en un nuevo memorial que se levantará en homenaje a todas las víctimas del lugar: desde los colones alemanes y los chilenos que vivieron el régimen de violencia sexual y trabajo esclavo del exmilitar nazi Paul Schäfer, fundadador del asentamiento en 1961 y condenado en 2006; hasta los campesinos despojados de sus tierras o los desaparecidos y torturados en dictadura.

Se calcula que un centenar de opositores fueron asesinados en el antiguo enclave alemán, uno de los 47 sitios de memoria prioritarios del Plan de Búsqueda anunciado por el Gobierno y el único lugar donde no se han hallado evidencias de las atrocidades allí cometidas por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Es difícil que podamos encontrar los cuerpos de las víctimas, porque los datos indican que los sacaron, los quemaron y los tiraron al río Perquilauquén”, admitió a EFE el arqueólogo forense Iván Cáceres, uno de los primeros en excavar la zona.

El asentamiento, que fue desmantelado tras el retorno a la democracia en Chile, funciona hoy como centro turístico a través de un consorcio de varias empresas también agrícolas y forestales.

“Las áreas dónde podrían estar las fosas, no deben ser intervenidas en la expropiación porque la búsqueda no se debe detener”, recalcó Cáceres.

Su gran desafío es “hallar las fosas faltantes para encontrar trazas de los cuerpos en los sedimentos”, pero enfrenta varios obstáculos: han pasado más de cuatro décadas, el lugar ha sido muy intervenido por los propios colonos y no dispone de información “certera y confiable”.

“Hay personas que saben más sobre los detenidos desaparecidos, pero no han querido hablar”, lamentó a EFE la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca, Myrna Troncoso.

En 2017 un acuerdo entre Chile y Alemania promovió la creación de una comisión para levantar el sitio de memoria, pero las organizaciones de afectados se sienten excluidas del proceso y acusan que se diseñó “a puerta cerrada”.

“Nunca fuimos invitados ni recibimos información, pero cualquier propuesta de memorial no puede presentarse sin nuestra participación activa”, reclamó a EFE la presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero.

La psicóloga e historiadora de Colonia Dignidad Evelyn Hevia, opinó a EFE que la comisión ha funcionado más como “un espacio de intercambio político” y que existe “una sensación de falta de transparencia y resultados”.

El Ministerio de Justicia señaló a EFE que, aunque inicialmente las partes acordaron la “reserva y confidencialidad” de las actuaciones de la comisión, el nuevo Gobierno quiere “construir confianzas y abrir espacios de diálogo y participación” con las organizaciones de víctimas y sobrevivientes.

Para estas agrupaciones, además, la expropiación de los seis edificios más emblemáticos de la antigua colonia es “insuficiente” y piden confiscar las 180 hectáreas de terreno que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 2016.

“Ese memorial es un avance –concluyó Marchant– pero nosotros vamos a seguir hasta alcanzar nuestro común denominador: verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Meritxell Freixas