Quito, 9 jul (EFE).- Organizaciones feministas de Ecuador presentaron este martes ante la Corte Constitucional una segunda demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del código penal ecuatoriano para exigir la despenalización total del aborto y el cese de la criminalización contra esta práctica.
Esta segunda petición, impulsada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la Fundación Desafío, Red Fe y el Observatorio de Género y Diversidad, se sumó a la ya interpuesta el pasado marzo por el movimiento Justa Libertad.
“Lo más probable es que se junten las dos (peticiones), eso es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional”, declaró a EFE la abogada y especialista en Derechos Humanos Angélica Porras, una de las redactoras de la demanda, quien aseguró que es probable que aún haya más peticiones similares y se logré así hacer mayor presión.
En la actualidad, el aborto está permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la persona gestante o cuando ha sido producto de una violación.
Porras recordó que en 2021 Fundación Desafío logró que se despenalizara el aborto en casos de violación.
No obstante, la Corte ordenó a la Asamblea Nacional (Parlamento) elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023) introdujo cambios, que a su criterio, limitaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
La experta en Derechos Humanos explicó que esta conquista fue insuficiente por dos razones.
“La primera, porque se limita la causal del aborto, es decir, todavía siguen siendo criminalizadas las mujeres y las personas con capacidad para concebir que no han sido objeto de violación. Siguen yendo a la cárcel y siendo judicializadas”, aseguró.
En efecto, el artículo 149 del código penal ecuatoriano sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento.
Según la demanda interpuesta, esta criminalización del aborto contradice el artículo 66 de la Constitución, que reconoce y garantiza a las personas “tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”.
Además, Torres señaló que el tiempo fijado para el aborto en caso de violación es de 12 semanas: “Eso significa que muchas mujeres, sobre todo adolescentes y niñas, no han podido acceder al aborto porque el tiempo es muy restringido”, aseguró.
Y anotó que en el 2023, de las más de 2.000 niñas que fueron violadas y que quedaron embarazadas, apenas 700 lograron acceder a este derecho.
En la rueda de prensa convocada minutos antes de que las organizaciones depositaran la demanda ante la Corte, además de Porras, también tomó la palabra Johanna Zambrano, vocera del colectivo Mujeres Tejedora Manabita.
Zambrano denunció la falta de acceso a la información sobre los derechos de salud sexual y reproductiva: “Las mujeres en la ruralidad no conocen y no tienen información cercana, segura y veraz”, aseguró.
Es por ello que demandó más atención para las mujeres y personas gestantes rurales y de la provincia costera de Manabí, “históricamente abandonada”, denunció.
Asimismo, José Bohorques, de la organización Transamblea, reivindicó que el derecho al aborto también se tiene que garantizar para las personas transexuales.
“Es importante nombrar el aborto en clave trans porque refleja la deuda histórica que tiene el Estado con las personas de la diversidad sexual y genérica”, apuntó Bohorques, y matizó que para asegurar los derechos de las personas trans se requiere de “procesos y protocolos especializados”.
Por su parte, Pablo Villarroel, en representación de la Red Ecuatoriana de Fe, declaró que “ningún dogma” puede interponerse en la “decisión sagrada” de una persona que quiera interrumpir su gestación.
Por último, las organizaciones feministas congregadas concluyeron que la despenalización total del aborto no será suficiente mientras persista la penalización social.
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