Madrid, 3 jul (EFE).- La desinformación sobre las personas extranjeras que viven en España creció en los últimos años, con afirmaciones sin contexto o evidencias como las que señalan que este grupo acapara la sanidad pública o reciben más ayudas sociales, según el último informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Este organismo está formado por instituciones públicas, asociaciones de migrantes y entidades sociales que trabajan por su integración.
La publicación, que se prestó esta semana, anima a "hacer frente" a este tipo de desinformación con "datos verificados de fuentes oficiales" o poniéndola en relación con otras circunstancias que hacen que este tipo de afirmaciones pierdan su sentido.
Durante la presentación del informe, el vicepresidente del Foro, el ecuatoriano Vladimir Paspuel, coordinador general de la Asociación Rumiñahui, alertó del aumento de los discursos racistas y xenófobos y puso como ejemplo cuando, en la última campaña para las elecciones europeas, él afirmaba que iba a votar y le increpaban: "¿Tú, europeo? ¿con esa cara?.
Uno de los "bulos" a los que se refiere el informe es la tendencia de algunas personas a sobredimensionar la población migrante que hay en España, apuntando este índice en una tasa superior al 25 %, cuando según el Instituto Nacional de Estadística, solo el 13,3 % de la población en España tenía nacionalidad extranjera.
El informe llama la atención sobre el término "inmigrante", que es "cambiante en el imaginario de la sociedad y tiende a incluir o excluir nacionalidades y personas en función de diferentes criterios".
Es difícil que se considere inmigrantes a los ciudadanos de Reino Unido, pese a que son nacionales de terceros países, mientras que las 627.478 personas de nacionalidad rumana que viven en España, ciudadanas de la Unión Europea y titulares del derecho a la libre circulación, sí son percibidas como tal.
Los inmigrantes no colapsan la sanidad pública
El informe hace referencia a la falsa creencia de que la población extranjera viene a España a beneficiarse de la sanidad pública, lo que produce su "colapso".
Para desmentir este extremo, el estudio se refiere a la Encuesta Nacional de Salud de 2017, que revelaba que, de las 16 millones de consultas médicas realizadas en la sanidad pública, el 11 % fueron de personas nacidas en otros países, lo que, además, no necesariamente significa que sean de nacionalidad extranjera, ya que pueden tener la nacionalidad española.
Y recalca que, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2022, el porcentaje de población que está en edad de trabajar y cotizar a la seguridad social es mucho mayor en la población migrante (78 %) que en la española (63 %).
Otro de los bulos que recoge el informe es que los inmigrantes "tienen más ventajas sociales", lo que no es cierto, según se puede observar en los datos del informe sobre las ayudas que se otorgan a personas en riesgo de exclusión social: de los 305.340 titulares, solo el 26,1 % tenía nacionalidad extranjera.
Tampoco suponen "una competencia" para la población autóctona, ya que es complementaria a ella y el empleo de los emigrantes está concentrado en ciertas ocupaciones menos remuneradas, reza el informe, y se puede observar en profesiones como empleadas del hogar o peones de construcción, con un salario un 39 % menor a la media.
Los solicitantes de protección internacional sí pueden trabajar en España
El informe alerta de que algunas gestorías y departamentos de recursos humanos recomiendan no contratar a personas con cierto tipo de documentación, "bien sea por desconocimiento, falta de información o ausencia de una legislación clara".
Un problema que afrontan especialmente las personas solicitantes de protección internacional: "cada vez son más las ocasiones en las que, a pesar de haber superado el proceso de selección, la contratación no tiene lugar", apunta la publicación.
El Foro señala dos directivas europeas y una sentencia del Tribunal Supremo que "ponen en duda esta falsa creencia". EFE
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