San Salvador, 15 may (EFE).- El abogado Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal 'María Julia Hernández', reiteró que el Estado de El Salvador "continúa obstaculizando" la Justicia en el caso de la masacre de más de 600 personas perpetuada durante el conflicto armado interno (1980-1992), de acuerdo con declaraciones difundidas este miércoles por la ONG.
Díaz lamentó "la dinámica por parte del Estado" de "obstaculizar diligencias y el no contribuir para la reparación de las víctimas" del hecho que ocurrió los días 13 y 14 de mayo de 1980 contra civiles.
El abogado dijo que la última etapa de exhumaciones para encontrar restos de las víctimas logró concluir hace algunas semanas, pero denunció que fueron los miembros de una organización no gubernamental y los familiares de las víctimas quienes "tuvieron que sufragar los gastos y poner toda la logística para continuar buscando justicia y reparación".
Por este caso no han sido procesados ninguno de los señalados de cometer la masacre y, desde 1992, cuando se denunció el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) "no ha iniciado procesos legales contra los militares responsables de este crimen de lesa humanidad que continúa en la impunidad", señaló Tutela Legal.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad de la Naciones Unidas (1993), las personas fueron asesinados en la ribera del río Sumpul (Chalatenango), que sirve de límite entre El Salvador y Honduras, por miembros del Ejército de este país, en complicidad con el hondureño, que impidió el paso de los pobladores que intentaban resguardarse en el territorio vecino.
Los señalados de ordenar la masacre son, de acuerdo con la Asociación de Sobrevivientes de la masacre de El Sumpul y diferentes masacres de Chalatenango (norte), José Guillermo García, Juan Rafael Bustillo, Ricardo Agusto Peña y Mario Reyes Mena.
Además de miembros del Batallón Décimo Segundo de Santa Rosa de Copan, de Honduras.
En mayo de 1980, en plena guerra civil, cientos de campesinos murieron a manos del Ejército, que implementó una estrategia de "tierra arrasada" y los relacionó como supuestos colaboradores de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político de oposición.
Se estima que en el departamento de Chalatenango fueron perpetradas al menos 60 masacres, en el contexto de la guerra civil.
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