El PSOE invita a las autonomías a aplicar el índice del alquiler porque se basa en criterios "científicos"

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que insta a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado, según lo establece la Ley de Vivienda, para así poder aplicar el índice de precios de referencia en el alquiler, que, según los socialistas, obedece a criterios "técnicos" y "científicos". El índice se aprobó el pasado 27 de febrero con el objetivo de controlar el incremento de los precios de alquiler en las zonas donde los alquileres están "claramente tensionados". El indicador permite conocer el rango de valores de alquiler de una vivienda en una zona determinada como referencia para la fijación de los precios en los nuevos contratos de arrendamiento. Pero este indicador sólo operará en aquellas comunidades que soliciten la declaración como zonas de mercado residencial tensionado de alguno de sus municipios, como ha ocurrido en Cataluña, que ha declarado tensionados 140 municipios. Una vez producida la declaración, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicará de forma trimestral una resolución en la que se recogerá el periodo de vigencia como zona tensionada y otras particularidades que puedan afectar a la regulación de los contratos, como el concepto de los grandes tenedores de vivienda aplicable. "El índice es una herramienta excepcional para aquellas ciudades donde se está produciendo una alta tensión en el mercado del alquiler y busca evitar movimientos especulativos", remarca el Grupo Socialista en su propuesta, recogida por Europa Press. De este modo, los socialistas defienden que el indicador ofrece más transparencia y conocimiento del mercado de alquiler y sirve para favorecer el incremento de la oferta de vivienda a precios asequibles, aportando además "un elemento clave de seguridad jurídica en las relaciones entre arrendador y arrendatario". Por todo ello, el PSOE insta a las administraciones competentes a declarar las correspondientes zonas de mercado residencial tensionado para que los ciudadanos "puedan beneficiarse" de la aplicación del índice de precios de referencia del alquiler. SUMAR QUIERE APLICAR EL ÍNDICE AUNQUE NO LO PIDA LA COMUNIDAD No es la única propuesta que el Congreso ha recibido en torno a la Ley de Vivienda y, más concretamente, sobre el índice mencionado. Sumar, el otro socio del Gobierno de coalición, registró otra PNL hace una semana para que el Estado o los ayuntamientos puedan declarar como tensionada una zona de mercado de vivienda, incluso si la comunidad autónoma en cuestión no actúa. En concreto, el grupo plurinacional quiere dotar al Estado y los ayuntamientos de esta capacidad cuando estos lo soliciten y si en un plazo de seis meses las autonomías, que tienen las competencias transferidas en vivienda, no han dado respuesta. La formación de Yolanda Díaz defiende esta propuesta porque en Madrid, por ejemplo, más del 90% de los municipios están tensionados y si pudieran declarar esta situación, los madrileños pagarían "hasta un 32% menos de alquiler". Y EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A NO VULNERAR A LAS CCAA Pero la propuesta de Sumar choca con otra iniciativa del PP que se aprobó recientemente en la Comisión de Vivienda del Congreso, con la que se instaba al Gobierno a derogar aquellos artículos de la Ley de Vivienda que vulneren las competencias autonómicas. La iniciativa se aprobó gracias a los votos a davor de PP, Vox, PNV y Junts; mientras que PSOE, Sumar, Podemos y Bildu votaron en contra y Esquerra (ERC), que fue una de las principales propulsoras de la norma y que, en cambio, el pasado verano apoyó en el Parlament la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, optó por abstenerse. La propuesta aprobada por la Cámara Baja entiende que la norma aprobada en la legislatura pasada vulnera competencias exclusivas de las autonomías, como la promoción de una determinada tipología edificatoria en la ordenación territorial y urbanística o la calificación permanente de las viviendas protegidas cuando se ubiquen sobre suelos destinados a algún régimen de protección pública.