Madrid, 26 mar (EFE).- España se plantea otras formas de acogida para refugiados ucranianos, tras haber dado protección temporal a más de 200.000 desde que hace algo más de dos años comenzó la invasión rusa.
"Se están explorando alternativas a la protección temporal, como vías de migración legal, estatus de residencia especial o acceso a la protección internacional", aseguró este martes la ministra española de Migraciones, Elma Saiz, citada en un comunicado de este departamento.
El objetivo es asegurar la protección de los ucranianos "dada la situación actual" de su país, según el comunicado.
Un informe de Migraciones muestra que España es el quinto país de la Unión Europea (UE) por número de concesiones de protección temporal en virtud del mecanismo comunitario que se activó por primera vez en 2022 para acoger a ucranianos desplazados por la guerra, que facilita permiso de residencia y de trabajo y acceso a educación, sanidad y servicios sociales.
Esta acogida temporal activada de forma excepcional por la UE se concede de forma rápida por un periodo de uno a tres años, mientras que la protección internacional requiere normalmente de más tiempo para su concesión y en caso otorgar el estatuto de refugiado, es permanente.
Del total de ucranianos a los que España ha dado protección temporal, tres de cada diez son menores de 18 años y seis de cada diez son mujeres, según el informe.
Unos 37.000 estudiantes ucranianos han sido escolarizados en España, la mayoría menores, y cerca de 21.000 beneficiarios de la protección temporal están dados de alta en la Seguridad Social para poder trabajar en el país, más de la mitad, mujeres.
Actualmente permanecen dentro del sistema de acogida en España cerca de 14.000 desplazados por la guerra en Ucrania.
España ha destinado, entre fondos propios y de la Unión Europea, más de 1.400 millones de euros para esta protección temporal y están pendientes otros 50 millones de la Comisión Europea, detalla el informe.
La UE ha destinado unos 17.000 millones de euros en ayuda a refugiados ucranianos, de los que algo más de cuatro millones permanecían en países comunitarios según datos del pasado noviembre, en virtud de este mecanismo comunitario que se puede prorrogar hasta marzo de 2025. EFE
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