España exige visado de tránsito a los senegaleses para evitar que pidan asilo en la escala

Madrid, 19 feb (EFE).- España exige desde este lunes que los viajeros con pasaporte de Senegal hayan obtenido previamente un visado de tránsito para poder hacer escala en sus aeropuertos, una medida adoptada para tratar de evitar que los migrantes originales de este país aprovechen la escala para pedir asilo.

Se trata de una medida adoptada para paliar la situación del aeropuerto madrileño de Barajas, donde un repunte de llegadas de migrantes de este y otros países africanos entre diciembre y enero llevó a la saturación de los servicios y el desbordamiento de las salas habilitadas para los solicitantes de asilo.

En la práctica, ya se ha podido sentir parte del efecto de esta medida, ya que España pidió a Marruecos a finales de enero que vetase el embarque en vuelos comerciales con escala en España a los viajeros con pasaporte de Senegal que no tengan visado Schengen hasta que entrase en vigor este visado.

Actualmente necesitan un visado de tránsito para hacer escala en cualquier aeropuerto situado en el territorio de los Estados Schengen Afganistán, Bangladés, Eritrea, Etiopía, Ghana, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia y Sri Lanka.

En el caso específico de España, hay que añadir los siguientes países: Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Haití, India, Kenia, Liberia, Mali, República del Congo, Sierra Leona, Siria, Tayikistán, Togo, Turquía, Uzbekistán, Yemen y Palestina.

La exigencia de este permiso ha sido una medida reclamada por algunos sectores como los sindicatos policiales, que han denunciado las malas condiciones en las que han tenido que trabajar los agentes durante la crisis de Barajas y piden que se extienda esta exigencia a los viajeros con pasaporte de cualquier país subsahariano.

Por otro lado, la medida ha sido muy criticada por ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que considera que "dificulta aún más el acceso a protección" y forma parte de "la estrategia de externalización de fronteras europea", que "pone en peligro la vida de miles de personas".