Asunción, 4 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró ver un "problema ético y moral" y no de incumplimiento de la ley en los casos de presunto nepotismo denunciados por la prensa local y pidió ante ello "reglas claras" mediante la aprobación de una norma del servicio civil para la administración pública.
"Yo creo que no hay incumplimiento de ley, yo creo que hay más que nada un problema ético y moral", respondió Peña a periodistas, consultado sobre la posible aplicación, ante esas denuncias, de la ley "que prohíbe el nepotismo en la función pública" y la que "previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias".
El mandatario consideró que "la ética y la moral, lastimosamente, chocan muchas veces contra la aplicación de las leyes" y advirtió que por ello se quieran aplicar "criterios que son subjetivos".
En ese sentido, insistió en sacar adelante una legislación de servicio civil, al señalar que la aprobación de ley de la Función Pública se dio "hace más de 20 años" y "fue perforada por múltiples acciones de inconstitucionalidad".
"Tenemos que tener reglas claras y eso es una ley del servicio civil que establezca las condiciones de ingreso, de permanencia y de salida de la administración pública", agregó Peña, para quien el problema "es de ausencia de leyes".
Medios periodísticos en Paraguay han denunciado en las últimas semanas la contratación en la Cámara Baja del hijo del presidente del Congreso, Silvio Ovelar -que renunció-; de la hija del vicepresidente del país, Pedro Alliana, y de descendientes y otros familiares de distintos diputados del oficialismo.
Al respecto, el titular de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, anunció el pasado 29 de diciembre una "investigación preliminar" sobre casos de presunto ausentismo laboral dentro de esa institución.
Por su parte, el titular interino de Recursos Humanos de esa entidad, Máximo Medina, consideró que "no se ha violado ni la norma de nepotismo" ni las leyes 1626 y 6622, sobre el ingreso a la función pública y de racionalización de las compras y contrataciones superfluas, al no haber sido contratado ningún pariente de Latorre, quien -dijo- tiene la potestad "de nombrar y designar funcionarios".
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