Excarcelada la hispanovenezolana Ángela Expósito tras siete años en prisión en Venezuela

Varios informes de organizaciones no gubernamentales y movimientos políticos opositores dieron seguimiento al caso de Ángela Expósito durante sus casi siete años de encierro, subrayando las condiciones en las que se encontraba y las denuncias sobre inconsistencias en el proceso penal. La liberación de la activista de nacionalidad hispanovenezolana, confirmada por la ONG Realidad Helicoidal y el movimiento político Vente Venezuela, se produce en el marco del proceso de aplicación de la Ley de Amnistía recientemente promulgada por el gobierno venezolano.

Según detalló Realidad Helicoidal, Expósito, quien fue detenida en septiembre de 2018, recibió una sentencia de veinticuatro años de prisión bajo los cargos de terrorismo y asociación para delinquir, después de las acusaciones del Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro sobre su supuesta participación en el ataque con drones que tuvo lugar ese año contra el presidente venezolano, atentado que dejó siete heridos. El Tribunal de Casación de Venezuela confirmó la condena en 2022, consolidando uno de los fallos más severos adjudicados en el sistema de justicia penal local en los últimos años.

La excarcelación fue posible tras la nueva Ley de Amnistía decretada el 20 de febrero, normativa que, según informaron Realidad Helicoidal y Vente Venezuela, abre la puerta a la libertad de miles de personas condenadas o en proceso judicial por “delitos contra el Estado” cometidos desde 1999. De acuerdo con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, “7.365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena”. Esta cifra incluye a quienes estaban formalmente arrestados y a quienes soportaban otras modalidades de restricción judicial.

La entrada en vigor de la Ley de Amnistía coincide con un complejo escenario político nacional, marcado por tensiones y negociaciones entre distintos actores. El gobierno justificó la medida indicando que busca contribuir a la llamada “reconciliación nacional” y reducir la población reclusa, afectando especialmente a quienes son considerados presos políticos o fueron procesados por delitos de alto perfil.

El caso de Expósito se suma a la excarcelación de otros once hispanovenezolanos y cuatro ciudadanos de origen español en 2024, según datos publicados por Vente Venezuela y ratificados por Realidad Helicoidal. La noticia de su salida del centro penitenciario fue difundida de manera simultánea por ambas organizaciones, las cuales indicaron que la activista quedó bajo medidas cautelares. Según Realidad Helicoidal, los detalles específicos todavía no se han hecho públicos, aunque en excarcelaciones anteriores se han impuesto restricciones como la prohibición de salida del país o la obligación de presentarse de forma periódica ante la judicatura.

Tanto el movimiento Vente Venezuela, dirigido por María Corina Machado, como entidades humanitarias y especialistas jurídicos, vinculan la aplicación de la ley con una expansión del número de beneficiados y esperan un debate prolongado sobre el alcance legal y social de la medida. Mientras agrupaciones opositoras celebran la liberación de personas como Expósito, sectores críticos al gobierno cuestionan los criterios de selectividad y las condiciones impuestas a los beneficiarios.

Dentro y fuera del país, la historia procesal de Expósito fue objeto de atención. Distintos organismos internacionales incluyeron su caso en informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, mencionando los pormenores de su encarcelamiento y las acusaciones en su contra luego del incidente ocurrido en 2018, en el que un ataque atribuido al uso de drones causó heridas entre oficiales de las fuerzas armadas.

Durante los años que permaneció en prisión, familiares, organizaciones y redes de apoyo impulsaron campañas reclamando su liberación y denunciando aparentes irregularidades procesales. Su salida, facilitada por la ley, representa para estos sectores una muestra de los efectos tangibles de la nueva política de amnistía, que ha permitido la revisión de condenas y procesos desde la promulgación oficial a fines de febrero.

La iniciativa legal cubre tanto a condenados como a procesados por hechos catalogados como ligados a la seguridad del Estado, siempre que hayan ocurrido desde 1999, y se presenta como una de las acciones más abarcadoras en materia de descompresión carcelaria impulsadas por el oficialismo en la última década. Según consignaron fuentes parlamentarias a Realidad Helicoidal y Vente Venezuela, la aplicación de la normativa seguirá generando nuevas excarcelaciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, tanto la situación de Expósito como la de otros recientemente liberados mantendrá la atención de organizaciones de derechos humanos y movimientos políticos, que han anunciado su intención de monitorear de cerca la vigencia de las medidas cautelares y la evolución del proceso de reintegración para los beneficiados por la amnistía. La puesta en práctica de la Ley se desarrolla en un entorno de alta sensibilidad política, con posturas encontradas sobre la legalidad de la norma y el futuro de los excarcelados bajo control judicial.