El antichavismo asegura que acuerdo con el Gobierno establece habilitaciones de opositores

Caracas, 26 oct (EFE).- El jefe de la delegación opositora para el diálogo con el Gobierno de Venezuela, Gerardo Blyde, aseguró este jueves que el acuerdo firmado la semana pasada en Barbados establece la habilitación de "todo candidato a la presidencia" que esté sometido a esta medida que le impide aspirar a cargos de elección popular, como es el caso de María Corina Machado, vencedora de las primarias del pasado domingo.

Citado en un comunicado de su equipo, Blyde explicó que el acuerdo estableció, "con principio de celeridad constitucional, un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, mediante el cual todo candidato a la presidencia que esté sometido a una inhabilitación administrativa, debe respetársele su derecho constitucional y rehabilitar".

Para lograr las habilitaciones, prosiguió, se debe crear "una comisión que va a determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir para producir con celeridad" el levantamiento de estas medidas que pesan sobre políticos como Machado, proclamada candidata de la oposición para las presidenciales de 2024, pero bloqueada por la Contraloría para optar a cargos de elección popular hasta el 2030.

Además, afirmó que el proceso de las primarias "está protegido" por el acuerdo de garantías electorales firmado en Barbados, pues en él se "estipula que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen".

A juicio de Blyde, el oficialismo usa puntos del acuerdo que no tienen relación directa con el tema para atacar las internas celebradas el domingo.

"Yo creo que no se esperaban ese nivel de participación. Están leyendo condiciones acordadas entre las partes para procesos electorales como la presidencial como si se hubieran suscrito para las primarias y eso no es cierto", aseveró el opositor, quien subrayó que el pacto de Barbados permitió la realización de los comicios internos.

"No es normal que se judicialice un proceso interno protegido además por un acuerdo. Esto puede implicar un grave problema para el cumplimiento del acuerdo, por lo que reclamaremos ante la comisión de verificación y seguimiento de manera contundente", añadió.

En los últimos días, el Ejecutivo, el Parlamento -controlado por el chavismo- y el PSUV, así como otros sectores adversos al grupo opositor mayoritario, han cuestionado las primarias, mientras que la Fiscalía abrió una investigación penal contra el proceso y sus actores, y adelantó que llamaría a declarar, en calidad de testigos, a los miembros de La Comisión Nacional de Primarias (CNP).