El fiscal Curruchiche defiende que el registro en el TSE no busca perjudicar o favorecer a ningún partido

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Rafael Curruchiche, ha afirmado este martes que el registro en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no busca "perjudicar o favorecer a ningún partido político o a sus dirigentes". Curruchiche ha informado en un comunicado en vídeo publicado por el Ministerio Público que las diligencias se llevaron a cabo en virtud de una denuncia ciudadana para obtener "indicios" en virtud de una investigación contra el Movimiento Semilla. Por otro lado, el jefe de la Fiscalía ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Parque de la Industria, donde se han producido los registros, que pronto podrá informar sobre las pesquisas de la investigación contra el Movimiento Semilla por presunta corrupción. En este sentido, ha resaltado que espera comunicar los resultados en presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y otros actores de la sociedad, según ha informado el diario 'La Prensa'. Por su parte, la presidenta del TSE, Irma Palencia, ha explicado en una rueda de prensa que las cajas estaban cerradas. "Fue grotesco ver algunas fotografías donde vemos sobre alguna superficie las distintas bolsas que tienen por color: identificamos que son las boletas que contienen los votos", ha indicado. Palencia ha asegurado así que no pueden garantizar el contenido de las cajas "porque fue violentado". "Se ha vulnerado la cadena de custodia del voto", ha dicho, agregando que esto es "grave" y "pone en riesgo todo el proceso electoral". Según la Fiscalía, Movimiento Semilla habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse. Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.