(Bloomberg) -- La Policía de Perú con equipo antidisturbios lanzó gases lacrimógenos cerca del Congreso el jueves mientras los manifestantes se concentraban en el centro de Lima para tratar de derrocar al frágil Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
A medida que la crisis política de la nación entra en su séptima semana, los manifestantes de las zonas rurales viajaron cientos de kilómetros en camiones y autobuses para lo que algunos llamaron la “toma de Lima”.
Los enfrentamientos entre la multitud y las fuerzas de seguridad también continuaron fuera de la capital, mientras se mantienen más de 100 bloqueos de carreteras, según cifras oficiales.
La nación andina se ha visto sacudida por el peor episodio de violencia política en décadas desde que Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre, después de que su predecesor, el presidente Pedro Castillo, fue acusado constitucionalmente. Lima había salido relativamente ilesa, pero los líderes de las protestas ahora están llevando sus manifestaciones a la capital con la esperanza de que tengan más impacto allí que en las zonas rurales empobrecidas.
En un discurso nacional el jueves por la noche, Boluarte dijo que su Gobierno sigue “firme”, a pesar de las protestas. Llamó a dialogar, pero también dijo que se sancionarán los actos de violencia cometidos durante las protestas.
Gran parte de los disturbios se han concentrado en el sur, donde Castillo contó con gran parte de su apoyo, y que también es el corazón de la industria minera y del turismo del país.
Ira creciente
Los manifestantes se han ido enfureciendo cada vez más a medida que aumenta el derramamiento de sangre. La Defensoría del Pueblo de Perú ha confirmado más de 50 muertes relacionadas con los disturbios.
La Policía desplegó unos 11.800 agentes en la capital para tratar de mantener el orden. Las autoridades de Arequipa y Cusco cerraron los aeropuertos nuevamente en respuesta a los disturbios.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte y su Gobierno, y que se realicen nuevas elecciones. Algunos también quieren reescribir la Constitución —favorable al mercado— y que Castillo sea liberado de la detención, donde se encuentra en medio de una investigación criminal debido a su intento de cerrar el Congreso.
El Gobierno interino de Boluarte ha enfrentado llamados generalizados a renunciar desde el día en que asumió el cargo debido a que tiene bajos índices de aprobación, asumió el cargo sin un mandato claro de los votantes y fue juramentado por un Congreso profundamente impopular.
La analista política peruana Andrea Moncada dijo en una entrevista telefónica que si la Policía reprime duramente la manifestación, existe el riesgo de que la gente se vuelva mucho más radical, lo que aumentaría la presión sobre Boluarte para que renuncie.
Lo que dice Bloomberg Economics:
“La inestabilidad política no muestra signos de disminuir en Perú, y el costo económico está aumentando. Nuestro análisis sitúa el total hasta la fecha en torno al 2% del PIB. Una gran marcha en Lima prevista para el jueves presenta el riesgo de agravar significativamente el problema.
— Felipe Hernández, economista para América Latina
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También es probable que las protestas continúen socavando el desempeño económico del país. La interrupción causada por las protestas provocará “vientos en contra significativos” para la actividad económica, escribieron los economistas de Goldman Sachs en una nota el martes.
Nota Original:Peru Protesters Battle Cops, Try to Oust Fragile Government (1)
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