Miami, 13 ene. Cuatro personas residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron condenadas a penas de cárcel por obtener de forma fraudulenta más de 28 millones de dólares en fondos de ayuda por la covid-19, informó este viernes la Fiscalía del Distrito Sur del estado.
Marcgenson Marc, de 37 años y residente en Coconut Creek; Wally Dorlus, de 41 y radicado en Margate; Edward Moise, de 45, residente en Coral Springs, y Roberto Gerónimo, de 40 años y de Miami, fueron condenados por el delito de "conspiración para defraudar" al Programa de Protección de Nóminas (PPP, en inglés), un programa federal de préstamos a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia.
En la declaración de culpabilidad, los acusados admitieron que Dorlus, su asesor fiscal, "presentó a cambio de sobornos aproximadamente 170 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP".
En las peticiones de préstamo, los condenados mintieron en el "número de empleados, gastos de nómina e ingresos brutos" con el fin de calificar para obtener los préstamos que buscaban para las compañías, más de un centenar, que controlaba Dorlus.
Gerónimo y Dorlus recibieron las condenas más altas, 6 y 4 años de prisión, respectivamente.
Marc, uno de los reclutadores de Dorlus, captó para la trama de fraude al PPP a Moise, quien a su vez reclutó a Gerónimo, que tenía cargos federales relacionados con drogas, por lo que no estaba autorizado para solicitar este tipo de préstamos.
A pesar de eso, Gerónimo recibió un "préstamo PPP fraudulento por unos 250.000 dólares para un negocio de licorería" tras presentar por medio de Dorlus documentos que falseaban la nómina de la empresa.
Fue el préstamo a Gerónimo por la tienda de licores lo que alertó a las fuerzas del orden público y condujo a una investigación más amplia sobre el esquema de préstamo PPP fraudulento y la estructura de contratación de Dorlus.
Además del tiempo en prisión, Dorlus tendrá que cumplir dos años de libertad supervisada y deberá pagar 5,6 millones de dólares en restitución.
Marc cumplirá, tras su condena de cárcel, dos años de libertad supervisada y tendrá que pagar 886.000 dólares, mientras que Moise (tres años de libertad supervisada) debe restituir unos 860.000 dólares.
Gerónimo, por su parte, recibió cinco años de libertad supervisada y deberá pagar 262.000 dólares en restitución, además de pagar una multa de 86.000 dólares por la venta de su licorería a través de la cual recibió el préstamo PPP. EFE
emi/jip/rrt
Últimas Noticias
España pide a sus nacionales en México extremar las precauciones y evitar los cruces con EEUU
La embajada española en México instó a evitar pasos fronterizos entre ambos países tras la muerte de un líder criminal, mientras otros gobiernos también alertan a sus ciudadanos por la violencia y disturbios en regiones cercanas a la frontera norte
El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, nombrado primer ministro de Perú
El reconocido asesor económico asume el liderazgo del gabinete de Balcázar tras su cita del domingo, marcando el inicio de una etapa de transición que promete enfocar esfuerzos institucionales en garantizar comicios libres y fortalecer vínculos internacionales clave
Más de 200 presos políticos venezolanos inician una huelga de hambre por el cumplimiento de la amnistía
Familiares de detenidos denuncian falta de atención médica adecuada en El Rodeo I, exigen la aplicación efectiva de excarcelaciones y convocan a una concentración en la UCV para visibilizar la situación, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos
EEUU, Canadá y Rusia piden a sus nacionales en México resguardarse "hasta nuevo aviso"
Ante episodios violentos y desórdenes en múltiples estados, embajadas extranjeras y autoridades consulares señalan un aumento de incidentes como enfrentamientos, vehículos incendiados y bloqueos, recomendando protección, quedarse en lugares seguros y limitar traslados hasta nueva comunicación
Más de 200 presos políticos venezolanos piden con una huelga de hambre excarcelaciones por la Ley de Amnistía
Familiares de personas detenidas en El Rodeo I denuncian abandono sanitario y exigen aplicar liberaciones contempladas en una normativa recién aprobada, mientras organizaciones advierten que cientos de individuos seguirán excluidos de beneficios pese a múltiples solicitudes remitidas
