MADRID, 21 dic (Reuters) - El Senado español dio la aprobación final el miércoles a un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a los bancos y las grandes empresas energéticas, diseñado para aliviar la crisis del costo de vida, aunque dejó fuera en gran medida a las instituciones locales más pequeñas y las unidades de los bancos extranjeros en el país.
El impuesto bancario impone un cargo del 4,8% sobre los beneficios netos por intereses y las comisiones netas de los bancos por sobre un umbral de 800 millones de euros (849 millones de dólares).
Para las empresas energéticas con una facturación de al menos 1.000 millones de euros, excluyendo el negocio regulado nacional y las operaciones en el extranjero, la tasa es del 1,2%.
Después de que el proyecto de ley superó el primer obstáculo en el Congreso el mes pasado, la Cámara baja introdujo algunas correcciones, volviendo a imponer el umbral de 800 millones de euros como lo planeó originalmente el Gobierno, aunque la versión aprobada por el Congreso pedía que todos los bancos supervisados por el Banco Central Europeo pagaran.
Como el proyecto de ley ha pasado sin ningún cambio, la aprobación de la cámara alta es definitiva.
Los bancos y las empresas se han opuesto tanto a los impuestos bancarios como a los energéticos, y han amenazado con impugnar el nuevo régimen fiscal en los tribunales.
La gran mayoría de unidades españolas de bancos extranjeros, como Deutsche Bank, no se gravará a diferencia de una versión anterior del borrador que se aprobó en noviembre.
Sin embargo, BNP Paribas en España podría estar sujeto al gravamen dependiendo del perímetro del negocio que será gravado.
El Gobierno presentó la propuesta original para crear el impuesto temporal a los bancos y las grandes empresas de energía en julio para recaudar un total de 7.000 millones de euros para 2024 para financiar medidas para aliviar las presiones del costo de vida.
La propuesta energética estaba destinada a recaudar 4.000 millones de euros, pero el Banco de España estimó recientemente que solo recaudaría 2.000 millones de euros después de que sus actividades nacionales reguladas y sus operaciones en el extranjero quedaran fuera del gravamen. (Reporte de Jesús Aguado y Belén Carreño. Editado en español por Manuel Farías)
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