Buenos Aires, 15 dic. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este jueves la condena a 13 años de prisión impuesta a comienzos de 2019 a la dirigente social Milagro Sala, como autora, entre 2003 y 2015, de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, confirmaron fuentes jurídicas.
El alto tribunal rechazó un recurso extraordinario que había presentado la defensa de la también referente indígena: "no se ha demostrado mínimamente la configuración de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte", expresa la resolución.
Al finalizar el juicio "Pibes Villeros", contra la dirigente social -que es afín al peronismo kirchnerista- y otros 29 imputados, el 14 de enero de 2019 un tribunal de la provincia de Jujuy (norte) condenó a 13 años a Sala por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas.
La dirigente de la organización política argentina Tupac Amaru fue considerada "jefa de una asociación ilícita" y coautora de "fraude a la administración pública" y "extorsión en concurso real".
En junio pasado, el presidente argentino, Alberto Fernández, denunció un sistema de "clara persecución" en contra de Sala, desde 2016 detenida "de manera arbitraria", dijo.
El mandatario, que viajó hasta Jujuy para visitar a Sala, que en ese momento estaba ingresada en un hospital por una trombosis en la pierna, reclamó que la activista sea juzgada "respetando las leyes argentinas" y sin "presiones políticas" o "finalidades persecutorias".
"Milagro ha soportado alrededor de cinco o seis juicios orales, tiene elevación de juicio de otros cinco procesos y tiene algunas causas más que, si no me equivoco, suman 17. Todo esto lo que da cuenta es de un sistema que se ha instaurado en torno a Milagro Sala de una clara persecución", lamentó Fernández.
La activista fue detenida en enero de 2016 en Jujuy, poco más de un mes después de la asunción presidencial del liberal Mauricio Macri (2015-2019), cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador provincial, Gerardo Morales, aliado del entonces mandatario nacional y opositor al peronista Fernández.
En 2019, Sala fue condenada en primera instancia por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas, pero ese fallo fue apelado. Aunque llegó a estar internada en penales comunes, actualmente aguarda en prisión domiciliaria la evolución de esa causa y el resto de procesos en su contra.
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