Lima, 13 oct. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó este jueves su visita al país andino y pidió al Estado que atienda con urgencia a los ciudadanos afectados por derrames de petróleo, que, según sus informes, perjudican especialmente a poblaciones vulnerables.
"Los derrames de petróleo son hechos reiterados que necesitan una atención prioritaria desde un enfoque de derechos humanos", sentenció en una rueda de prensa el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Stuardo Ralón, quien resaltó el sentimiento de impotencia y abandono que ha percibido por parte de los afectados.
Explicó que el informe de recomendaciones se centra en los riesgos percibidos para la institucionalidad democrática del país y la vulneración de derechos de las personas afectadas por derrames de crudo.
Según las cifras de la comisión, en los últimos 25 años se han producido más de mil derrames de petróleo en Perú, por lo que resaltó la importancia de dar visibilidad a "estas graves afectaciones que se están dando a poblaciones vulnerables".
Ralón relató que durante su recorrido por el país mantuvo conversaciones tanto con líderes indígenas cuyas comunidades están afectadas por derrames, como con pescadores, testimonios que le llevaron a considerar como "dramática" la situación que sufren.
"La sociedad civil, los pueblos indígenas y comunidades de pescadores sostienen en sus testimonios que el Estado no ha garantizado la reparación adecuada ni protección de los derechos de quienes fueron particularmente afectados en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", dijo.
Habló de los impactos que estas personas están sufriendo en su salud, la falta de acceso a agua potable, el riesgo en su seguridad alimentaria y la vulneración de su derecho al trabajo, todo en un contexto de pobreza de estas comunidades.
La "inacción" que las poblaciones afectadas han percibido por parte de las autoridades está relacionada, según la comisión, con la inestabilidad política que atraviesa Perú, que dificulta la puesta en marcha de políticas públicas y planes que las atiendan.
Afirmó que, entre las recomendaciones que incluirá la comisión, se encuentra la creación de un "fondo de emergencia" que garantice un equilibrio entre la atención a los afectados y las investigaciones de los responsables de este tipo de accidentes.
Puesto que han advertido que mientras se aclaran la culpabilidad de estos accidentes, las personas que han sufrido vulneraciones a sus derechos tienen que esperar demasiado tiempo.
También adelantó que en el informe, que se publicará la próxima semana, se incluye una propuesta para mejorar la política de defensa de los defensores ambientales, por lo expuestos que se encuentran en el presente y el gran número de incidentes registrados en los últimos años.
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