Trabajadores cesados por Fujimori piden a la CorteIDH una condena contra Perú

San José, 11 feb Un grupo de 187 trabajadores del Congreso peruano cesados en 1992 como parte de una política del Gobierno de Alberto Fujimori, pidió este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una condena contra el Estado que lo obligue a indemnizarlos. Edwin Espinoza, uno de los demandantes, dijo en la audiencia virtual ante la Corte Interamericana que el objetivo es obtener "una reparación integral" y una "justa indemnización" ante la pérdida abrupta del empleo y las consecuencias que ello trajo en cuanto a los ingresos de las personas, su acceso al seguro de salud y al sistema de pensiones. "Solicitamos que se ordene al Estado reparar adecuadamente los daños materiales e inmateriales. Dado el tiempo transcurrido no se solicita una reincorporación general en el Congreso", declaró. Espinoza planteó como medidas de reparación, indemnizaciones por las remuneraciones dejadas de percibir, por los aportes dejados de hacer al seguro de salud y las pensiones, y que se extienda una constancia de años de servicio en el que se incluya el periodo en el que los trabajadores estuvieron cesados. "Queremos que el Estado también efectué un desagravio público por los daños ocasionados a nuestra dignidad y proyecto de vida y que publique la sentencia en el diario de mayor circulación del país", afirmó Espinoza. El caso se refiere a violaciones a las garantías judiciales, protección judicial y al derecho al trabajo, en perjuicio de 186 trabajadores del Congreso de Perú que fueron cesados en 1992, en el marco del programa de “racionalización de personal”, ejecutado durante la presidencia de Alberto Fujimori. La demanda, presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también alega que los trabajadores estuvieron sujetos a regulaciones gubernamentales que establecían la prohibición de interponer acciones de amparo o de tipo administrativo para cuestionar las desvinculaciones laborales. La secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Marisol Blanchard, dijo en la audiencia que esta es una oportunidad para que la CorteIDH siga "enriqueciendo su jurisprudencia en materia de medidas de reparación de este tipo de situaciones". "La Corte podrá continuar profundizando en su jurisprudencia respecto a la falta de acceso efectivo a la justicia por ceses colectivos, así como las medidas de reparación que son pertinentes en este tipo de casos para responder a la situación estructural de denegación de justicia producida por el contexto de inseguridad jurídica e indefensión judicial como el de la época", expresó Blanchard. Por su parte, el representante del Estado, Carlos Reaño, aseguró que el Gobierno estableció un mecanismo para que las personas cesadas irregularmente durante la época de este caso accedan a medias de reparación. "Los trabajadores tuvieron la posibilidad de acceso a un recurso sencillo y efectivo para la evaluación de su cese, pero no acudieron a ello. El Estado ha demostrado que cumplió con brindar respuesta y reparación integral ante los ceses irregulares a quienes acudieron a las vías habilitadas administrativas o judiciales", manifestó. El agente estatal dijo que se aplicó un mecanismo de reparación para cerca de 44.000 personas cesadas irregularmente que contempla reincorporaciones laborales, jubilación adelantada, compensación económica, capacitación o reconversión laboral Afirmó que el Estado ha dado en total 35 millones de dólares en beneficios a las personas cesadas irregularmente que se acogieron al mecanismo de reparación. Tras la audiencia de este viernes las partes tienen un mes para entregar su alegatos finales por escrito y a partir de ese momento la Corte Interamericana emitirá una sentencia en los siguientes meses.