Dos condenados a muerte en Japón han iniciado una acción judicial contra el gobierno, denunciando como ilegal la práctica de prevenir a los detenidos apenas unas horas antes de su ejecución, lo que, según ellos, provoca trastornos psicológicos.
Japón es uno de los pocos países industrializados que todavía recurre a la pena capital, y más de 100 detenidos se encuentran actualmente en los corredores de la muerte en el país.
Las ejecuciones suelen tener lugar mucho después de la condena, siempre por ahorcamiento.
La acción iniciada el jueves ante un tribunal de primera instancia de Osaka (oeste) pide que los condenados a muerte sean prevenidos de antemano de su ejecución y reclama 22 millones de yenes (alrededor de 193.000 dólares) de compensación por el estrés causado, según su abogado.
"Esto es una afrenta a la dignidad humana", afirma Yutaka Ueda a la AFP, explicando que las ejecuciones generalmente se anuncian a los condenados sólo una o dos horas antes, impidiéndoles ver a su abogado o presentar un recurso.
"Viven con miedo, pensando todas las mañanas: +Quizás es hoy+ cuando escuchan el ruido de los pasos de los guardianes", abunda.
Japón ejecutó a tres condenados en 2019 y a 15 en 2018, entre ellos 13 miembros de la secta Aum, implicada en un atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.
Los condenados, esposados y con los ojos vendados, son colocados encima de una trampilla que se abre bajo sus pies mediante un mecanismo activado por uno de los tres botones fijados a la pared de una habitación contigua. Presionados simultáneamente por tres guardias, ninguno sabe cuál abre la trampilla.
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