San Salvador, 12 sep (EFE).- La Fiscalía de El Salvador presentó este domingo ante una corte de paz la acusación en contra del exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, supuestamente involucrado en la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares de las prisiones durante la Administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Ramírez Landaverde y otros siete implicados en el caso fueron trasladados a la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para la lectura de la acusación formal en su contra.
El exfuncionario, capturado por la Policía el jueves, dijo a la prensa: "confiamos que habrá un sistema judicial que va ser garante de nuestros derechos y garantías de un proceso justo".
Además, catalogó su captura como "innecesaria" y agregó: "hace dos años estamos con este proceso y nos pusimos a disposición de la Fiscalía".
"Esto (su captura) ha sido innecesario. Si nos hubiesen llamado hoy del tribunal aquí estuviéramos, ha sido completamente innecesario todo este procedimiento. Sin embargo, nos sometemos porque creemos todavía en un sistema justo e igualitario", añadió.
De acuerdo con el fiscal general, Rodolfo Delgado, el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la organización Asocambio administrara las tiendas al interior de las cárceles "sin ningún control del Estado", lo que "dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse".
Indicó que "se generó una serie de desvíos de fondos hacia personas que al mismo tiempo trabajaban para el Gobierno anterior (el de Sánchez Cerén) y poco a poco se fueron apropiando de las utilidades que generaban las tiendas penitenciarias y respondían a oscuros intereses", que no especificó.
Delgado agregó que al interior de las cárceles "se vendían productos a los reclusos con precios altos, lo que permitía tener más ganancias y usar el dinero para comprar inmuebles y vehículos de lujo", sin mencionar para qué se ocupaban.
Ramírez Landaverde y los otros capturados son acusados de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica.
El exfuncionario fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad por el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y también se desempeñó como director de la Policía Nacional Civil (PNC).
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