Birmania pasa la noche sin internet con los tanques en la calle

Rangún (Birmania), 15 feb (EFE).- Birmania (Myanmar) pasó casi toda la noche del domingo al lunes sin señal de internet tras el corte de la junta militar, horas después del despliegue de tanques en el centro de Rangún, mientras el movimiento de desobediencia civil sigue protestando en las calles.
Según el observatorio de internet NetBlocks, el tráfico de internet en Birmania cayó hasta el 14 por ciento de lo habitual desde la una de la madrugada del lunes (18:30 GMT del domingo), en el tercer bloqueo de las comunicaciones desde el golpe de Estado perpetrado por la junta militar el pasado 1 de febrero.
La señal fue recuperada aproximadamente ocho horas después, a las 9 de la mañana hora local.
La represión en las calles y el despliegue de tanques en varias zonas de Rangún provocó que un grupo de embajadas, incluidas la de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y otros 12 países, publicaran un comunicado en la noche del domingo en el que condenan de forma "inequívoca" la detención de líderes políticos, activistas y funcionarios, así como el acoso a periodistas.
"Llamamos a las fuerzas de seguridad a abstenerse de usar la violencia contra los manifestantes y civiles, que están protestando contra el derrocamiento de un gobierno legítimo", reza el comunicado.
"Apoyamos al pueblo de Birmania en su búsqueda de la democracia, libertad, paz y prosperidad. El mundo está mirando", advirtieron.
Algunas cancillerías, como la de Estados Unidos y España, ya avisaron horas antes a sus ciudadanos de que permanecieran en sus domicilios ante "los indicios de movimientos militares en Rangún".
El aumento de la represión, con al menos 400 detenciones hasta el domingo según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), no ha logrado silenciar las movilizaciones y paros en buena parte del país contra la toma del poder de los uniformados.
Según vídeos difundidos en las redes sociales, a pesar del despliegue de tanques cientos de personas salieron este lunes a las calles con pancartas y corearon gritos de protesta contra la toma del poder de los uniformados.
Las autoridades suspendieron este fin de semana los artículos 5, 7 y 8 de la Ley de Protección de la Seguridad y la Privacidad de los Ciudadanos, que exige una orden para poder arrestar a alguien y retenerlo más de 24 horas, entre otras garantías legales.
Los policías y militares tampoco necesitan ya órdenes para realizar registros, al tiempo que tienen carta blanca para interrumpir las comunicaciones de los ciudadanos y pedir sus datos a las operadoras de internet.
Estas medidas dan cobertura legal a las prácticas de represión como las detenciones arbitrarias y los cortes de internet realizados desde el golpe del pasado 1 de febrero encabezado por el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing.
No se tienen noticias de Aung San Suu Kyi, la jefa del gobierno de hecho y nobel de la paz, ni del presidente depuesto, Win Mying, desde que fueron puestos bajo arresto domiciliario el día del levantamiento militar.
Además de en las calles, la movilizaciones contra el golpe también se llevan a cabo en las redes sociales, a pesar de la orden de la junta militar de bloquear Facebook y Twitter, lo que muchos están sorteando gracias a programas VPN, que permiten acceder a internet a través de servidores fuera del país.
Las redes sociales son el elemento que distingue más claramente estas movilizaciones de las protestas contra los militares en 1988 y 2007, que fueron sofocadas de manera violenta por el Ejército.
La junta militar, encabezada por Min Aung Hlaing, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.,
El secretario general de la ONU, António Guterres, así como Estados Unidos y la Unión Europea han condenado el golpe militar y han pedido la liberación inmediata de los líderes depuestos, mientras que China y Rusia se han mostrado menos críticos.
Los militares, acusados del supuesto genocidio de la minoría rohinyá, fueron los arquitectos de la transición de 2011 hacia una "democracia disciplinada" en la que los mandos castrenses se atribuyeron grandes cuotas de poder y una autonomía casi total del poder civil.