MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha confirmado la constitucionalidad del Decreto 4.275 del 30 de agosto de 2020 mediante la cual se declara el estado de excepción y de emergencia económica, que permite anular cualquier acto de la Asamblea Nacional mientras esté en desacato.
Asimismo considera inconstitucionales y absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos de la Asamblea Nacional para derogar el decreto 4.275.
Además, la Sala Constitucional recuerda que sus sentencias tienen carácter y efectos 'erga omnes', inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional.
La Asamblea Nacional está controlada por la oposición y su presidente, Juan Guaidó, se ha autoproclamado presidente encargado de Venezuela tras denunciar fraude en la última reelección del presidente, Nicolás Maduro.
Últimas Noticias
El Gobierno veta la enmienda del PP que limita la regularización de inmigrantes alegando un sobrecoste de 16,8 millones
José María Almoguera, con una sonrisa forzada, responde tajante a Alejandra Rubio: "Nos llevábamos"
Tensión familiar en aumento tras la reacción sarcástica de Almoguera a las declaraciones de su prima, quien le reprocha interés mediático y distanciamiento, mientras ambos exponen sus diferencias ante la reciente noticia del embarazo de Rubio
La Audiencia Nacional acuerda interrogar a 'Anboto' y otros exdirigentes de ETA por el atentado de Santa Pola en 2002
Rusia frustra una serie de ataques terroristas presuntamente vinculados a Ucrania en territorio ruso
Las autoridades han comunicado la detención en Moscú de un extranjero con cientos de explosivos ocultos, atribuyendo el intento de ataque a inteligencia ucraniana y aumentando la vigilancia en instalaciones críticas y zonas de operaciones militares locales
Adif ya ha respondido a más de 100 requerimientos de los investigadores del accidente de Adamuz
El presidente de la entidad ferroviaria aseguró ante el Congreso que han entregado extensos informes y documentación a diversas autoridades y órganos judiciales, reiterando el compromiso de colaborar en cada etapa de la investigación sobre el siniestro ocurrido en Córdoba
