CARACAS (AP) — La Corte Suprema de Venezuela nombró el viernes a un nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral tras la renuncia de uno de los cinco directivos del organismo, lo que desató dudas sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
El politólogo Leonardo Morales Poleo fue designado vicepresidente y rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) en sustitución del exdiputado opositor Rafael Simón Jiménez, quien renunció la víspera alegando que la situación del país chocaba con sus posiciones políticas, anunció la Sala Constitucional del máximo tribunal en un comunicado difundido en las redes sociales.
Morales Poleo acompañó al excandidato del partido opositor Avanzada Progresista, Henri Falcón, en la campaña para las elecciones presidenciales de 2018 que ganó el mandatario Nicolás Maduro.
Al referirse a Jiménez, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Pablo Guanipa, lamentó que el político no rechazara las elecciones parlamentarias, a las que consideró un “fraude electoral”, y acusó el viernes al gobierno de Maduro de haber “confiscado el voto” en Venezuela.
Jiménez dijo el jueves a medios locales que decidió dejar el cargo que había asumido hace casi dos meses porque su nombramiento “contraviene la posición ecuánime que se exige”. “El CNE era una camisa de fuerza”, agregó.
La salida de Jiménez del CNE se dio cuatro días después que 27 partidos opositores anunciaron que no participarían en los comicios legislativos alegando que no se prestarían a un “fraude electoral” del que responsabilizaron al organismo electoral y a Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el gobierno, designó en junio a los cincos nuevos directores de CNE luego de declarar que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, incurrió una “omisión constitucional” al no designar a las autoridades electorales sobre las que habían debatido durante varios meses.
La presidencia del organismo quedó en manos de Indira Alfonzo, sancionada por Canadá por incurrir en violaciones a los derechos humanos por decisiones que tomó como magistrada del máximo tribunal.
La mayoría opositora acusó al Tribunal Supremo de Justicia de incurrir en una violación de la constitución al asumir la atribución del Congreso de nombrar a las autoridades electorales. La decisión de la Corte fue cuestionada por varios gobiernos de la región y Europa.
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