El presidente de Argentina Alberto Fernández anunció la derogación del decreto que disponía la intervención de la cerealera Vicentín, la cuarta agroexportadora del país que se encuentra en cesación de pagos.
La medida asumida por el mandatario se debe a las trabas legales para determinar el pasivo de la compañía y para avanzar en su expropiación, informó.
El juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa con sede en la provincia de Santa Fe "no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", se quejó el presidente Alberto Fernández a través de Twitter.
"Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019", detalló Fernández.
El presidente dijo que el Estado no comprometerá recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, "ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".
Una iniciativa de gobierno de Santa Fe para avanzar en la conformación de un fideicomiso con participación estatal, tampoco logró acuerdos.
Vicentín tiene deudas por unos 1.300 millones de dólares, principalmente con productores agrícolas.
También le debe 255 millones de dólares al Banco Nación, el mayor banco estatal de Argentina, por créditos otorgados durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) que están bajo investigación por sospecha de fraude.
Vicentín fue la principal aportante a la campaña del expresidente, que buscaba la reelección el año pasado.
La exportadora de aceite y granos se declaró en cese de pagos en diciembre y pidió la convocatoria a acreedores en febrero pasado.
"Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo", dijo Fernández.
La intervención por 60 días "era fundamental antes de declarar a Vicentin como un bien de utilidad pública para conocer su verdadero estado patrimonial", expresó Fernández, al señalar que su gobierno no está dispuesto a correr los riesgos que implicaría la estatización de deuda privada para que los argentinos se hicieran cargo "del irresponsable proceder de los actuales administradores", expresó.
El anuncio del proyecto de expropiación del gobierno había sumado rechazos entre empresarios y otros agroexportadores, en cambio había sido recibido con alivio por las cooperativas de productores, principales acreedores de Vicentín.
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