HRW denuncia un intento de remover a ombudsman en Guatemala por apoyo a LGBT

Guatemala, 22 jul (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que una parte del Congreso de Guatemala busca remover al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por "defender los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)", además del "acceso al aborto".
La entidad detalló en un comunicado fechado en Washington que el Parlamento guatemalteco "debe frenar urgentemente" el intento de remoción de Rodas, impulsado por "un importante número de legisladores".
Human Rights Watch indicó que el pasado 6 de julio la comisión de Derechos Humanos del Congreso citó a Rodas a una sesión "para que rinda cuentas sobre su actuar en el cargo y las acciones emprendidas durante su gestión" como ombudsman.
La citación, que no se ha llevado a cabo, fue programada tras la solicitud por medio de una carta "de la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, en la cual calificó al procurador de 'Influencer LGBT'" y en la que también aseguró que Rodas tiene una "deferencia muy peligrosa" hacia "un movimiento minoritario con el que simpatiza".
Marroquín de Palomo pertenece al partido Valor, que promovió sin éxito -por obstáculos legales- la candidatura presidencial en 2019 de Zury Ríos, hija del exmilitar golpista (1982-1983) Efraín Ríos Montt, juzgado por el genocidio de 1.500 indígenas hasta su muerte en 2018.
La diputada se encuentra en su segundo período legislativo tras ocupar entre 2004 y 2008 una curul como parlamentaria del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), agrupación política de Efraín Ríos Montt.
Human Rights Watch aseveró que la Procuraduría de los Derechos Humanos usó en junio "la bandera arcoiris en las redes sociales para conmemorar el mes del Orgullo, celebrado globalmente para conmemorar el inicio del movimiento por los derechos LGBT".
Además, la procuraduría "difundió (en el mismo mes) videos en los cuales insta al Gobierno a cumplir con su obligación jurídica internacional de prevenir la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBT, incluyendo el acceso a la educación y el empleo".
Marroquín de Palomo y otras organizaciones como "la Asociación la Familia Importa" también han solicitado al Congreso que destituya a Rodas al no cumplir un fallo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que "ordena a la procuraduría a abstenerse de realizar actividades que apoyen o fomenten el aborto" o "presenten el aborto como un derecho", añadió la nota de prensa.
"El Congreso ha intentado destituir al procurador Rodas en dos oportunidades: en 2018, por participar en una marcha feminista pacífica, y en 2019, por haber supuestamente incumplido con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ambos intentos fracasaron", recordó Human Right Watch.
EN RIESGO DE "RETROCESO"
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el intento por destituir a Rodas "muestra" que algunos diputados "no entienden qué significa proteger" los derechos humanos.
"Despedir al procurador Rodas porque expresó el compromiso de defender los derechos de minorías y de las mujeres sería un gravísimo retroceso para Guatemala", añadió Vivanco.
Rodas fue elegido en 2017 por un período de cinco años y para su destitución se requiere de 107 (dos tercios) de los 160 diputados que conforman el Congreso guatemalteco.
El medio local La Hora aseguró en la noche del martes que el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, se reunió el fin de semana en una finca estatal en el interior del país con "diputados" de "bloques aliados" para discutir varios temas, incluido "el desaforo" de Rodas y de "magistrados de la Corte de Constitucionalidad".
La oficina de comunicación de la Presidencia guatemalteca aseguró el martes por la noche, mediante un portavoz, que no se tenía "conocimiento de ello" ante la consulta de varios periodistas sobre la supuesta reunión.
Rodas ha defendido en los últimos ocho meses la transparencia en la elección de 240 jueces del Organismo Judicial al igual que el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ente que ordenó la suspensión y repetición de la elección tras comprobarse irregularidades en la misma.
La elección de los 240 jueces, que debió llevarse a cabo en octubre de 2019 e incluye la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es, según expertos, clave para la lucha anticorrupción en Guatemala por los próximos cinco años.