Suecia anuncia la salida del embajador Anders Kompass de Guatemala

Guatemala, 15 jun (EFE).- La embajada de Suecia en Guatemala anunció este lunes la salida de su embajador, Anders Kompass, debido a que el diplomático decidió regresar en un vuelo de repatriación a su país y finalizar su misión en la nación centroamericana.
La Cancillería guatemalteca confirmó haber recibido una nota oficial de la embajada sueca fechada este lunes, en la que hacía constar al ministro de Exteriores, Pedro Brolo, y a las direcciones de Protocolo y de Relaciones Internacionales Bilaterales que Kompass saldrá de Guatemala este martes (16 de junio).
"Cabe mencionar que la decisión de salir del país fue basada en la oportunidad de tomar un vuelo de repatriación, debido a la situación de la incertidumbre con los vuelos internacionales por la pandemia de la COVID-19 en el mundo", subraya la carta diplomática.
Suecia adelantó que, hasta que no sea nombrado un sucesor de Kompass, el cónsul y primer secretario de la representación en Guatemala, Adrián La Torre, estará a cargo de la misión internacional.
LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Kompass llegó al país centroamericano a dirigir la embajada sueca en diciembre de 2017 como suplente de Georg Andrén, y con experiencia en el territorio luego de haber sido jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), entre 2006 y 2009.
Desde su arribo al país centroamericano, Kompass generó oposición en el círculo de influencia del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), debido a su abierto apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que había presentado antejuicios (solicitud de desafuero) junto a la Fiscalía en contra de Morales por corrupción.
La pugna entre el apoyo a la lucha anticorrupción de Kompass y el Gobierno, que levantó una cruzada anti CICIG al señalarla de entrometerse en asuntos internos, se hizo evidente después cuando en enero de 2018, la embajada sueca, ya bajo el mando de Kompass, donó unos 9 millones de dólares a la Comisión Internacional convirtiendo su aporte en la cuarta parte del presupuesto de la entidad anticorrupción.
El día de la donación, Kompass dijo ante los medios que no compartía que en países que tienen fama de ser corruptos hubiese personas que "internalicen la corrupción como algo normal", pues, al contrario, "la gran mayoría toma una posición clara en contra de la corrupción".
Y agregó que "muchas veces se entiende la corrupción como arraigada en la cultura nacional y por ende los esfuerzos son enfocados en cambiar la cultura lo cual no está lejos de decir que si la cultura es mala es igual a decir que la gente es mala".
Esta frase le valió un enfrentamiento abierto con el Gobierno de Morales y, particularmente con la entonces canciller, Sandra Jovel Polanco, quien en mayo de 2018 anunció la solicitud de expulsión de Kompass de Guatemala por considerar la declaración este -y su figura- como "injerencia" en los asuntos internos.
Según Jovel, Kompass había "llamado corrupta a toda la sociedad" guatemalteca, y, posteriormente, cerró la embajada guatemalteca en el país escandinavo.
Kompass, sin embargo, permaneció en el país hasta ahora luego de que el Constitucional avaló un amparo interpuesto a su favor que anulaba la decisión presidencial de retirarlo de la misión que encabezó hasta este lunes.
Kompass fue testigo de ese frente abierto y ascendente del Gobierno de Guatemala, encabezado por Jimmy Morales, en contra de la CICIG, el jefe de esta (el colombiano Iván Velásquez) y las Naciones Unidas -ente regulador de la Comisión- hasta que el propio exmandatario decidió, rodeado de militares en una conferencia de prensa, no renovar el mandato de la entidad antiimpunidad en septiembre de 2018.
La CICIG culminó su labor en Guatemala el pasado 3 de septiembre, tras 12 años de trabajo en conjunto con el Ministerio Público (Fiscalía), en los que identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de "alto impacto", presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios y sindicaron a más de 1.500 personas -unas 660 bajo proceso-.