Arabia Saudita llevó a cabo al menos 157 ejecuciones en 2015 y las decapitaciones alcanzaron su máximo nivel en el reino en dos décadas, según varios grupos de defensa de derechos humanos que monitorean la pena de muerte en todo el mundo.
Además del aumento en las ejecuciones, se elevó el número de personas ejecutadas por delitos no letales, sobre los cuales los jueces tienen una discreción amplia al tomar sus decisiones, en particular para delitos relacionados con las drogas.
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo en noviembre que al menos 63 personas habían sido ejecutadas desde el comienzo del año por delitos relacionados con las drogas.
Esa cifra representó por lo menos el 40% del total de ejecuciones en 2015, en comparación con menos del 4% de las ejecuciones relacionadas con los mismos delitos en 2010. AI informó que Arabia Saudita había superado su máximo nivel de ejecuciones desde 1995, cuando se ejecutaron 192 penas capitales.
Sin embargo, aunque la mayoría de los crímenes –como asesinato premeditado– pueden conllevar penas fijas según la estricta interpretación saudita de la ley islámica, o sharia, los delitos relacionados con las drogas se consideran ta'zir, lo que significa que el islam no han definido el delito ni su castigo.
Tal discrecionalidad para delitos tipo ta'zir ha dado lugar a decisiones arbitrarias con resultados discutibles.
En un amplio informe Publicado en agosto, Amnistía Internacional subrayó el caso de Lafi al Shammari, un saudita sin antecedentes penales que fue ejecutado a mediados de 2015 por narcotráfico. Una persona detenida con él y acusada de los mismos delitos fue condenado a 10 años de prisión, a pesar de tener arrestos previos relacionados con tráfico de drogas.
Human Rights Watch, por su parte, encontró que de los primeros 100 presos ejecutados en 2015, la pena capital de 56 casos se basó en la discreción judicial y no en delitos por los cuales la ley islámica exige la pena de muerte como castigo específico.
No se trata sólo de Arabia Saudita, sino también de países como Irán o China. Según Amnistía Internacional, en China la pena de muerte es un "secreto de Estado" y se cree que ejecuta más personas que la suma de todos los demás países del mundo juntos.
Reprieve, una organización que lucha contra la pena de muerte en el mundo, sostiene que Irán ejecutó a más de 1.000 personas en 2015. Otra organización llamada Iran Human Rights (Derechos Humanos en Irán, con sede en Oslo, Noruega), que sigue de cerca las ejecuciones en el país persa, dijo que la República Islámica ejecutó al menos a 648 personas en los primeros seis meses de 2015, de los cuales más de dos tercios fueron por delitos de drogas.
Además, Reprieve sostiene que Pakistán ha ejecutado al menos a 315 personas en 2015, después de que el país levantó una moratoria de las ejecuciones a principios del año pasado tras un ataque talibán contra una escuela en diciembre de 2014, donde murieron 150 personas, la mayoría de ellos niños. Sólo una fracción de los ejecutados desde entonces han sido condenados por un ataque terrorista.
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