Tras el pedido formal de clemencia que hizo el Papa a través de una carta, la gobernadora Mary Fallin decidió suspender por 37 días la ejecución de Richard Glossip. Según explicó, persisten dudas sobre uno de los productos utilizados en la inyección letal. En el comunicado, argumentó que el estado necesita tiempo para abordar cuestiones sobre el uso de acetato de potasio y garantizar que "se esté cumpliendo totalmente con los protocolos aprobados por los tribunales federales".
Aun cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló la legalidad de las inyecciones letales con midazolam, un polémico sedante que en 2014 falló en tres ocasiones y provocó un sufrimiento prolongado a los presos a los que fue administrado, en el estado de Oklahoma persisten las dudas sobre su eficacia.
La demanda contra el midazolam, de hecho, se originó en este estado. Fue interpuesta por cuatro presos condenados a muerte en Oklahoma que considaron que su uso viola la VII Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de "castigos crueles o inusuales".
En abril de 2014, durante la ejecución de Clayton Lockett en Oklahoma, el preso agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa, lo que desató la polémica. Aunque la de Lockett fue la que tuvo más repercusión, otras dos ejecuciones en Arizona y Ohio tuvieron características parecidas.
Los estados empezaron a utilizar este sedante en 2013, cuando los proveedores europeos de componentes para la inyección letal se negaron a seguir vendiendo sus productos con ese fin.
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Con esta decisión, el Supremo autorizó a Oklahoma la ejecución de Richard Glossip, que hoy fue suspendiada. Pero no es la única pendiente, también esperan ser ejecutados John Grant y Benjamin Cole. Los tres presos participaron en la demanda.
El cuarto preso que participaba en la acción judicial, Charles Warner, recibió un inyección letal en enero, una semana antes de que el Supremo dictara la suspensión de las ejecuciones a la espera del fallo conocido hoy.
Con la autorización judicial para usar el sedante, el gobierno de Oklahoma no tenía por qué suspender la ejecución. Muy por el contrario, contaba con todos los elementos legales para hacerlo. Sin embargo, el pedido de clemencia del papa Francisco llegó justo hoy, cuando el tiempo se agotaba, y pudo haber sido decisivo.
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