La madrugada del lunes 19 de enero -tras el hallazgo sin vida del cuerpo del funcionario judicial- marcó un punto de inflexión en la relación entre custodios y custodiado, en especial porque los efectivos de la Policía Federal que debían cuidar las espaldas del fiscal quedaron bajo la lupa por el prolongado tiempo transcurrido entre el último contacto que tuvieron con el funcionario y el momento en que irrumpieron en su departamento de Puerto Madero para hallarlo muerto, tendido en un charco de sangre en el baño.
Según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales y policiales, en los despachos del Ministerio de Seguridad de la Nación y en los de la Policía Federal circula el borrador de un "Protocolo de actuación para la custodia, consigna y traslado de víctimas, testigos, testigos protegidos e imputados", destinado a ordenar las custodias policiales, tan en el foco de la atención por estos días. En el Gobierno aseguraron que desde el último trimestre del año pasado, en Seguridad empezaron a estudiar y revisar la operatividad de los efectivos de las fuerzas federales de seguridad destinados a la Dirección General de Seguridad y Custodia, integrada en la actualidad por unos 1.400 uniformados de la Policía Federal, más otros 800 pertenecientes a Gendarmería y Prefectura. Pero reconocen que el estudio se intensificó desde que se conoció la muerte de Nisman.
En la actualidad existe solo un protocolo interno de la PFA, titulado "Protocolo de actuación para la custodia de funcionarios y dignatarios", que, como reza su título, se aplica a diplomáticos y ex presidentes. En estos casos sí deben cumplir con protocolos e indicaciones específicas, y cuentan, por ejemplo, con móviles de apoyo. El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Noah Mamet, dispone por caso de este tipo de protección: tiene a su servicio 15 efectivos de la Policía Federal que se turnan en grupos de cinco y que lo siguen a sol y sombra.
Para el resto de los custodiados, como el caso de los jueces federales, los ministros del Poder Ejecutivo o Nisman, los custodios no siguen ningún protocolo específico, más allá de la función policial para la que fueron entrenados. Allí radica el debate que por estos días se extiende tanto en los funcionarios del Ministerio de Seguridad, como en la cúpula de la Policía y en el Poder Judicial. Cuál debe ser el rol y la relación entre custodios y custodiados.
Uno de los efectivos que debía cuidar al fallecido fiscal ahonda aún más en ese mar de dudas. "El doctor Nisman era el que organizaba la custodia (...) Él disponía los movimientos y los horarios, por orden de él no podíamos informar", declaró el policía, ahora bajo sumario interno, ante la fiscal Viviana Fein. El equipo de custodia del fiscal especial de la Unidad AMIA no conocía, por ejemplo, la clave numérica del ascensor principal de la torre Le Parc, donde éste vivía.
El viernes 6, la viuda de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sembró más dudas. Ante el juez Luis Rodríguez, la magistrada le pidió a la Justicia que evalúe si su custodia y la de sus hijas es suficiente.
El día anterior, para colmo, luego del informe pericial difundido por la jueza federal de San Isidro, la custodia de Nisman volvió a quedar en la mira. Según las conclusiones del peritaje realizado por el prestigioso equipo médico forense de Arroyo Salgado, la hora de la muerte del fiscal habría sido cercana a la noche del sábado 17 de enero. La custodia del funcionario recién entró en su departamento la noche siguiente.
Protocolo
El borrador que estudian en el Gobierno, cuyos principales lineamientos conoció Infobae, apunta a "delinear los criterios mínimos a desarrollar por las Instituciones Policiales y fuerzas de Seguridad en materia de custodia, consigna y traslado, destinados a las personas o bienes bajo protección, siempre que fueren dispuestas por autoridad competente". Desde el Ministerio de Seguridad reconocen, sin embargo, que la implementación de dicho protocolo –que bastaría con solo una resolución interna- serviría de base "como una guía procedimental". "La función policial está siempre por encima de cualquier protocolo", explica un funcionario al tanto del proyecto.
Al día de hoy, la Dirección General de Seguridad y Custodia dependiente de la Policía Federal Argentina, con un director general al frente, está dividida en tres departamentos. El de Protección de personas y objetivos, en el que se enmarca, por ejemplo, la custodia de testigos protegidos, de ex presidentes y de diplomáticos. El Área de Gobierno, integrada por todas dependencias nacionales, como los ministros del Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial, en el que figura la seguridad de los integrantes de la Corte Suprema y, por ejemplo, la custodia del edificio de Comodoro Py 2002, donde tienen despacho jueces y fiscales federales.
La implementación del protocolo en estudio apunta a "ordenar" y unificar los criterios de esos tres departamentos mencionados. "La idea es ordenar la diversidad de funciones que hay en las custodias", abunda un funcionario, aunque desde los principales despachos del Ministerio de Seguridad y de la Policía Federal confían que es una tarea titánica.
El caso de los jueces y fiscales de Comodoro Py es uno en el que el Gobierno puso la lupa desde fines del 2014. Es el ejemplo perfecto para graficar el funcionamiento de los efectivos destinados a brindar seguridad personalizada. Hay jueces federales que cuentan por ejemplo con un solo custodio, y que además hace las veces de chofer, secretario y cadete. Y hay otros, como Norberto Oyarbide, que por amenazas recibidas tiene en la puerta de su despacho del tercer piso tres oficiales de impecable traje a disposición. En su caso lo flanquean hasta el baño.
Hacia fines del año pasado, en la cartera de Seguridad hicieron un relevamiento del nivel de custodia de Comodoro Py, proporcionado por el comisario y subcomisario a cargo de la seguridad del edificio del barrio porteño de Retiro. "Los custodios de los despachos todos se encuentran dentro del despacho y los dos o tres que nos cruzamos en la recorrida se encontraban vestidos de civil. Esto no colabora con la seguridad edilicia", es una de las conclusiones del relevamiento.
Tras la muerte de Nisman, la proliferación de asignación de custodias –según publicó el diario Perfil, hay más de cien policías abocados exclusivamente al cuidado de testigos y funcionarios relacionados con el expediente AMIA- y la paranoia alrededor del caso cambiaron la fisonomía de los pasillos de Comodoro Py. Hace ya algunas semanas que en el edificio reforzaron la presencia policial y desempolvaron los detectores de metales del acceso principal.
Son postales de la Argentina custodiada. Y, por ahora, desordenada.
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