Comenzó la cuenta regresiva para Boudou en el Caso Ciccone

transita la recta final hacia el llamado a indagatoria por el

. El fallo del viernes de la

, que dio por tierra con el pedido de sobreseimiento que hizo el vice, encaminó la causa judicial hacia un desenlace.

Sin la posibilidad del sobreseimiento por parte de Casación, el juez a cargo del Caso Ciccone, Ariel Lijo, tiene el camino allanado para terminar de conseguir pruebas, tomar algunas declaraciones y luego llamar a indagatoria a Boudou. En la indagatoria Boudou se defenderá y luego el juez determinará si lo procesa o no.

Mientras la Casación estudiaba el pedido de sobreseimiento, Lijo fue acumulando pruebas que –según fuentes judiciales- agravan la situación de Boudou. Cruces de llamados telefónicos ponen a su socio y amigo de largas noches marplatenses José María Núñez Carmona, en el centro de las negociaciones para la compra de la empresa Ciccone Calcográfica.

Lo propios integrantes del clan Ciccone, declararon que hubo reuniones en las que Boudou ungió a Núñez Carmona como su hombre en la negociación que terminó con la adquisición de la empresa. Boudou pidió que esas declaraciones sean anuladas. La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver en breve la validez o no de los testimonios de los Ciccone que ubican a Boudou como al frente de las tratativas.

Para el fiscal del caso, Jorge Di Lello Boudou debe ser llamado a indagatoria porque considera que hay pruebas para demostrar que cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Una hipótesis similar, pero sin el clan Ciccone entre los imputados, es la que maneja el juez Lijo. Según pruebas y testimonios, Boudou y su socio Núñez Carmona su quedaron con una empresa que iba a ser contratada por la Casa de Moneda para fabricar billetes. La Casa de Moneda depende del ministerio de Economía y Boudou era, por entonces el ministro del área. Allí reside- según lo que se trabaja en el juzgado- el posible delito.

La defensa de Boudou niega los hechos. Y con la intención de ser sobreseído llegó hasta la Casación.

Allí encontró un primer respaldo a su planteo. El fiscal de Casación Javier De Luca, un hombre muy respetado en el ambiente del Derecho Penal e integrante del colectivo kirchnerista "Justicia Legítima", dictaminó a favor de Boudou. No pidió el sobreseimiento pero interpretó que por lo que había en el expediente hasta el noviembre del año pasado, no estaba configurado el delito de negociaciones incompatibles. Pidió De Luca que la Cámara Federal revisara la decisión por la cual había rechazado el pedido de sobreseimiento de Boudou.

El viernes la Casación rechazó el pedido de Boudou. Votaron tres jueces. Dos declararon inadmisible el recurso presentado por Boudou. El otro lo admitió y alineó sus argumentos con De Luca.

El voto del camarista Gustavo Hornos fue técnico. No admitió el recurso y pidió que Lijo "prosiga la investigación con la celeridad del caso".

El segundo voto fue el de Juan Carlos Gemignani. No admitió el recurso y además hizo algunas consideraciones punzantes. Criticó con dureza a la defensa de Boudou por sus pedidos de celeridad en el expediente. "La pregunta surge palmaria -dijo Gemignani- ¿puede reclamar celeridad procesar quien no solamente elige erróneamente los remedios mediante los cuales encauzar sus pretensiones, sino que además llega tarde a la presentación de los mismos?". Gemignani hacía referencia a que en una oportunidad la defensa de Boudou no presentó a tiempo un recurso. Después de la crítica a la defensa de Boudou -encarada por los abogados Diego Pirota y Eduardo Durañona- señaló que el juez Lijo y Di Lello "deben extremar los esfuerzos para las más pronta y cabal reconstrucción de todos los hechos de la causa así como la imputación de los mismos a todos los eventuales responsables, en cabal acatamiento del mandato constitucional de seguridad- legalidad".

Gemignani embistió contra el fiscal De Luca. Aseguró el camarista que el fiscal se equivocó cuando admitió el recurso de Boudou. Y que no ejerció como corresponde su función. Incluso deslizó la posibilidad de que el Estado argentino fuera responsabilizado por no cumplir pactos internacionales en materia de investigaciones de hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

Sugirió Gemignani que De Luca podría haber incurrido en el delito de "denegación y retardo de justicia" al no "promover la persecución y represión de los delitos". Aclaró que nada de lo dicho en su voto se refería a los hechos del Caso Ciccone. Solo al pedido de Boudou.

El tercer voto fue el de Mariano Borinsky. Citó unos 30 fallos en los que ante una situación similar a la planteada en el caso de Boudou se hizo lugar al pedido. Es decir que cuando el fiscal coincide con la defensa-aunque en este caso no fue total la coincidencia- el caso queda cerrado. Fue un voto técnico que quedó en minoría.

Con la decisión de Casación, comienza el avance de Lijo. La semana que viene, a través de teleconferencia, le tomará declaración al argentino residente en Madrid, Fabián Carosso Donatiello. Teóricamente ese hombre fue quien alquiló el departamento propiedad de Boudou en Puerto Madero. Pero allí vivió Alejandro Vandenbroele, quien dirigió la imprenta Ciccone luego del desembarco de los allegados a Boudou. Pero Boudou y Vandenbroele niegan conocerse. Carosso -amigo de Vandenbroele- puede confirmar o no la coartada esgrimida por Boudou. Se sabrá el miércoles próximo a media mañana cuando termine la declaración del argentino que alquilaba un departamento lujoso en Puerto Madero aunque no visitara la Argentina.