La Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó el planteo presentado por el vicepresidente Amado Boudou y la Justicia lo seguirá investigando como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica. De esta manera, Boudou quedó a un paso de la declaración indagatoria.
Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani no hicieron lugar al pedido de sobreseimiento de Boudou quien había llegado a Casación para que se analizara la figura de la "excepción por falta de acción". El fallo fue dividido. Gemignani y Hornos votaron en contra del pedido de Boudou. Borinsky se pronunció a favor de anular el fallo de la Sala I de la Cámara Federal.
En su voto, el juez Gemignani criticó con dureza la actuación del fiscal de Casación Javier De Luca, quien había dictaminado -no por el sobreseimiento- pero en consonancia con algunas de las posturas de la defensa de Boudou. El mismo juez hizo alguna referencia crítica al modo en que los defensores del vicepresidente hicieron su trabajo en la causa.
En base a la figura de "excepción por falta de acción", un imputado reclama que se lo sobresea porque considera que en la investigación no se ha demostrado el delito por que se abrió el expediente. El juez Ariel Lijo, que tiene a su cargo la investigación, había rechazado ese recurso. Lo mismo había hecho la Sala I de la Cámara Federal. Por esos dos rechazos anteriores Boudou llegó con su apelación hasta la Casación. Allí obtuvo una opinión favorable del fiscal de Casación Javier De Luca, que, si bien no pidió el sobreseimiento, acercó sus argumentos a los deseos de Boudou. La Casación resolvió en contra de lo que había dictaminado De Luca.
La situación judicial de Boudou estuvo complicada desde que en 2012 comenzó la investigación. Pero se agravó desde que integrantes del clan Ciccone atestiguaron ante Lijo que el vicepresidente, cuando era ministro de Economía, participó de reuniones en las que indicó que su socio José María Núñez Carmona era el interlocutor elegido para la compra de parte del paquete accionario de la fábrica de hacer billetes. Boudou, niega la existencia de las reuniones. Pidió la nulidad de esas declaraciones y sobre eso debe resolver la Sala I de la Cámara Federal.
En 2010 cuando se produjo la llegada del misterioso fondo The Old Fund a la empresa Ciccone, Boudou era ministro de Economía. De ese ministerio depende -y dependía por entonces- la Casa de Moneda, que luego de la incursión de The Old Fund, iba a contratar a la nueva Ciccone -con los allegados a Boudou dentro de la compañía- para imprimir billetes de 100 pesos. Ese hecho, constituye para el juez Lijo la base de la imputación contra el vicepresidente. El fiscal del caso Jorge Di Lello, había pedido la indagatoria de Boudou porque considera que cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Y también determinó que los Ciccone -y otros allegados al vice- participaron de la maniobra.
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