El kirchnerismo presentó su proyecto contra los piquetes y generó distintas reacciones en la oposición.
Desde el Frente Renovador se manifestó el presidente del bloque de diputados, Darío Giustozzi, quien coincidió en que "es necesario" regular las protestas. "Cuántas ambulancias llegaron tarde, cuántos trabajadores perdieron el presentismo, cuánto se perdió por las demoras o miles de baches generados por las cubiertas quemadas, cuántas horas de su vida perdieron los ciudadanos por quedar entrampados sin salidas en algún corte, es un disparate seguir así", argumentó.
No obstante, recordó que cuando presentó su "proyecto de Responsabilidad Cívica en la Vía Pública" recibió "duras críticas del oficialismo por sostener que había que terminar con los piquetes".
El PRO ya se había mostrado a favor de la iniciativa cuando en el Congreso la presidente Cristina Kirchner mencionó el tema durante el discurso inaugural del año legislativo. Ahora renovaron su apoyo al espíritu de la norma, pero criticaron la distinción de piquetes legítimos e ilegítimos que hace el proyecto, que sólo permite aquellos que son notificados con 48 horas de antelación y obstruyen vías de manera parcial.
"Celebramos que ahora el kirchnerismo quiera limitar los piquetes, pero queremos que no sea por simple oportunismo político, que no haya reglas lo suficientemente claras y que no hagan que, por ejemplo, unos puedan cortar y otros no", opinó la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
Y subrayó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó varias iniciativas para regular las protestas callejeras pero recordó que no pudieron avanzar en la Legislatura por el rechazo de la oposición.
En sintonía con Vidal, el jefe del bloque PRO en la Cámara baja, Federico Pinedo, planteó: "Me parece que no lo pensaron más de tres minutos. Dijeron 'vamos a poner que hay que avisar 48 horas antes y que la Policía pueda actuar', cuando en realidad puede actuar hoy. Hay que pensar un poco más y definir qué es legítimo y qué es ilegítimo. Lo que no se puede es dejar que un vigilante diga si es legítimo o no".
Pinedo además anticipó: "Hay que laburar como diputados y hacer una ley mejor, con más detalles y más objetividad. Les vamos a sugerir a los compañeros del Frente para la Victoria que piensen un poco más, y que laburemos en conjunto y definamos qué se puede y qué no".
Dentro del oficialismo el proyecto ya despertó críticas. El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró que la iniciativa implica "un retroceso" que afecta "el derecho a la protesta". Y el dirigente Luis D'Elía dijo que le "suena feo" y es "contradictorio".
Por su parte, la izquierda lo repudió sin escatimar cuestionamientos y calificaron de "reaccionaria" la iniciativa. "Resulta increíble que los progresistas del Gobierno ahora nos quieran decir cuándo una movilización es legítima", sostuvo con ironía el diputado bonaerense Christian Castillo, del Frente de Izquierda.
Por la UCR, el diputado Miguel Bazze advirtió que, de aprobarse esta iniciativa, "serían penalizados los vecinos que debieron reclamar por los cortes de energía eléctrica" o "todas las protestas vinculadas a la inseguridad de manera espontánea". Y denunció que "con la excusa de terminar con algunas exageraciones por piquetes de grupos reducidos, el Gobierno busca limitar las manifestaciones en un contexto de ajuste económico y falta de seguridad".
"Sólo apunta a controlar aquellas voces que no le gustan, una línea que no debemos permitir que se cruce", coincidió la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.
La diputada del Frente Social por la Inclusión Social (FIS) Ramona Pucheta también se sumó a las críticas. "Las personas o agrupaciones que llegan a la situación de cortar una calle lo hacen por las semanas, meses o años en que no han sido escuchadas", subrayó. Y propuso crear un registro donde figuren los reclamos.