Siete diputados oficialistas presentaron ayer un proyecto de ley para regular y restringir las protestas y provocaron no sólo la inmediata reacción de la oposición, sino también el rechazo de un representante del kirchnerismo como Luis D'Elía y la queja del CELS que lidera Horacio Verbitsky.
Ambos se expresaron en contra de la iniciativa que establece condiciones de legitimidad y obliga a notificar con 48 horas de antelación las manifestaciones ante la policía, fuerza que no podrá portar armas de fuego.
El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró que, de prosperar la idea de los legisladores kirchneristas, se produciría "un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años".
En un comunicado de prensa, el organismo de derechos humanos criticó aspectos como que se clasifiquen "ciertas protestas como ilegítimas", así como la necesidad de "exigir la notificación previa a la Policía" y el hecho de "establecer plazos exiguos para la mediación".
"El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones", consideró el CELS.
La entidad recordó además que "aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma".
La queja de un piquetero histórico
El dirigente Luis D'Elía no dudó en expresar su rechazo a la iniciativa que lleva las firmas de Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos.
"A esto le falta debate, parece algo contradictoria esta ley. Creo que Pedrini (autor de la iniciativa antipiquetes) debería habernos convocado para tener un debate en vez de cortarse solo", reclamó en declaraciones a Radio América. "De entrada suena feo el proyecto, aunque todavía no lo leí", aclaró.
En la misma entrevista, D'Elía recordó: "Los piquetes están prohibidos por el Código Penal, yo tuve 31 causas". "Hay que llamar a las organizaciones sociales para ver qué pensamos".
"Tiene que haber un debate, porque 50 tipos no les pueden cortar la calle a miles de personas", reflexionó el dirigente identificado con el oficialismo. "Para procesar el conflicto hay que agotar primero la vía administrativa y la política", completó.
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